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¿Qué significa una acusación constitucional?


La acusación constitucional es un proceso constitucional, de naturaleza jurídico-política, contemplado por el ordenamiento jurídico chileno, y seguido ante el Congreso Nacional, para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos.​​

¿Qué significa una acusación constitucional?

La figura ha sido regulada por la Constitución Política de 1828, de 1833, de 1925 y de 1980. En el procedimiento participan, eventualmente, las dos cámaras del Congreso, actuando la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como jurado.

¿Qué es una demanda de constitucionalidad?

Es un proceso formulado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma, contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria.

¿Quién puede fiscalizar los actos del gobierno y llevar a cabo acusaciones constitucionales?

CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Procedimiento que permite fiscalizar los actos del Gobierno. Es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

¿Cuándo se considera que un acto es inconstitucional?

La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

¿Qué es la Acción de Inconstitucionalidad y cuando procede?

La Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es Parte.

¿Qué pasa cuando una ley es inconstitucional?

La declaración de inconstitucionalidad de una norma no implica su derogación, ni supresión, sino que la torna inaplicable en el caso de que se trate. ... El poder judicial puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto de gobierno sólo en el marco de un proceso judicial y a expreso pedido de parte.

La acusación constitucional en el sistema político


Título IV: Tramitación de las Acusaciones Constitucionales

Artículo 37º.-

Las acusaciones a que se refiere el artículo 52, número 2), de la Constitución Política , se formularán siempre por escrito y se tendrán por presentadas desde el momento en que se dé cuenta de ellas en la Cámara de Diputados, lo que deberá hacerse en la sesión más próxima que ésta celebre.

 

Artículo 38º.-

En la misma sesión en que se dé cuenta de una acusación, la Cámara de Diputados procederá a elegir, a la suerte y con exclusión de los acusadores y de los miembros de la mesa, una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación.

 

Artículo 39º.-

El afectado con la acusación será notificado, personalmente o por cédula por el secretario de la Cámara de Diputados o por el funcionario que éste designe, dentro de tercero día contado desde que se dé cuenta de la acusación. En todo caso, se le entregará al afectado o a una persona adulta de su domicilio o residencia copia íntegra de la acusación.

El afectado podrá, dentro de décimo día de notificado, concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito.

El secretario de la Cámara certificará todo lo obrado en el expediente respectivo y comunicará estos hechos a la autoridad administrativa para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del número 2) del artículo 52 de la Constitución Política.

 

Artículo 40º.-

Si el afectado no asistiere a la sesión a que se le cite o no enviare defensa escrita se procederá sin su defensa.

 

Artículo 41º.-

La comisión tendrá un plazo de seis días, contado desde la fecha de comparecencia del afectado o desde que se hubiere acordado proceder sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella. La última sesión que celebre se levantará solamente cuando finalizaren todas las votaciones a que hubiere lugar.

El informe de la comisión deberá contener, a lo menos, una relación de las actuaciones y diligencias practicadas por la comisión; una síntesis de la acusación, de los hechos que le sirvan de base y de los delitos, infracciones o abusos de poder que se imputen en ella; una relación de la defensa del o de los acusados; un examen de los hechos y de las consideraciones de derecho, y la o las resoluciones adoptadas por la comisión.

 

Artículo 42º.-

Transcurrido el plazo señalado en el inciso primero del artículo 41, y aunque dentro de él no se haya presentado el informe, la Cámara sesionará diariamente para ocuparse de la acusación. Para este efecto, y por la sola circunstancia de haber sido notificado de acuerdo con el artículo 39, el afectado se entenderá citado de pleno derecho a todas las sesiones que celebre la Cámara.

 

Artículo 43º.-

Antes de que la Cámara de Diputados inicie el debate a que se refiere el artículo siguiente, sólo el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala.

Deducida la cuestión previa, la Cámara la resolverá por mayoría de los diputados presentes, después de oír a los diputados miembros de la comisión informante.

Si la Cámara acogiere la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la desechare, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación y nadie podrá insistir en ella.

 

Artículo 44º.-
Desechada la cuestión previa o si ésta no se hubiere deducido, la sala de la Cámara de Diputados procederá del siguiente modo:

a) si el informe de la comisión recomendare aprobar la acusación, se dará la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla, y después se oirá al afectado, si estuviere presente, o se leerá la defensa escrita que haya enviado, y

b) si el informe de la comisión recomendare rechazar la acusación, se dará la palabra a un diputado que la sostenga y después podrá contestar el afectado o, si éste no lo hiciere, un diputado partidario de que se deseche.

 

Artículo 45º.-

El afectado podrá rectificar hechos antes del término del debate. Igual derecho tendrán el diputado informante de la comisión, cuando ésta recomiende acoger la acusación, y un diputado que la sostenga, cuando hubiere sido rechazada por la comisión.

Artículo 46º.-En la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se votará su admisibilidad.

La referida sesión sólo podrá levantarse si se desecha la acusación o si ésta se acepta. En este último caso se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado.

Aprobada la acusación, la Cámara de Diputados deberá comunicar este hecho al Senado y al afectado, dentro de las veinticuatro horas siguientes de concluida la sesión a que se refiere este artículo. Del oficio correspondiente se dará cuenta en la sesión más próxima que celebre el Senado.

 

Artículo 47º.-

Puesto en conocimiento del Senado el hecho de que la Cámara de Diputados ha entablado acusación en conformidad al número 2) del artículo 52 de la Constitución Política , el primero procederá a fijar el día en que comenzará a tratar de ella.

La fijación del día se hará en la misma sesión en que se dé cuenta de la acusación. Si el Congreso estuviere en receso, esta determinación la hará el presidente del Senado.

 

Artículo 48º.-

El Senado o su presidente, según corresponda, fijará como día inicial para comenzar a tratar de la acusación alguno de los comprendidos entre el cuarto y el sexto, ambos inclusive, que sigan a aquel en que se haya dado cuenta de la acusación o en que la haya recibido el presidente.

El Senado quedará citado por el solo ministerio de la ley a sesiones especiales diarias, a partir del día fijado y hasta que se pronuncie sobre la acusación.

 

Artículo 49º.-

El Senado citará al acusado y a la comisión de diputados designada para formalizar y proseguir la acusación a cada una de las sesiones que celebre para tratarla.

Artículo 50º.-Formalizarán la acusación los Diputados miembros de la comisión especial. Si no concurren, se tendrá por formalizada con el oficio de la Cámara de Diputados.

A continuación hablará el acusado o se leerá su defensa escrita. El acusado podrá ser representado por un abogado.

Los diputados miembros de la comisión especial tendrán derecho a réplica, y el acusado, a dúplica. Cumplido lo anterior, el presidente anunciará que la acusación se votará en la sesión especial siguiente.

 

Artículo 51º.-

Cada capítulo de la acusación se votará por separado. Se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política , autorizan para imponerla.

 

Artículo 52º.-

El resultado de la votación se comunicará al acusado, a la Cámara de Diputados y, según corresponda, al Presidente de la República, a la Corte Suprema o al Contralor General de la República. Sin perjuicio de lo anterior, y para los efectos del proceso a que haya lugar, se remitirán todos los antecedentes al tribunal ordinario competente.

Si el afectado no asistiere a la sesión a que se le cite o no enviare defensa escrita se procederá sin su defensa.

 

Qué es una acusación constitucional en chile


La acusación constitucional en el sistema político en chile.

La acusación constitucional tiene sus orígenes históricos en el impeachment inglés, de fines del siglo XIV, dirigido a castigar a funcionarios de la corona por irregularidades detectadas en el ejercicio de su cargo. Posteriormente fue incorporado en la Constitución Política de los Estados Unidos de Americana en el año 1787, para luego expandirse por Latinoamérica durante la primera mitad del siglo XIX. Nuestro país lo recoge desde sus primeras Constituciones, y de modo orgánico a partir de la Constitución de 1833 para luego pasar a las Constituciones de 1925 y finalmente de 1980.


Los países sujetos a la corona española en todo caso no eran ajenos a esta clase de controles. El llamado “juicio de residencia” aplicado por la corona española tenía por objeto juzgar a funcionarios públicos que incurrieren en abusos o excesos contra la población.


La palabra inglesa impeachment significa literalmente bochorno o vergüenza y denota desde ya el alcance de este juicio de naturaleza jurídica-política, donde los parlamentarios como legitimados activos persiguen la responsabilidad de determinadas autoridades en razón de ilícitos constitucionales expresamente tipificados en la Constitución. Tales irregularidades corresponden en general a delitos, infracciones o abusos de poder que se imputan a dicha persona, debiendo en consecuencia juzgarse en mérito de los hechos y consideraciones de derecho del caso.


La Acusación Constitucional se regula en sus aspectos de fondo y forma en los artículos 52 Nº 2 y 53 Nº 1 de la Constitución Política, complementado por lo dispuesto en los artículos 37 a 42 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, además de lo establecido en los Reglamentos Internos de cada Cámara.


Le corresponde a la Cámara de Diputados asumir el rol de acusadora, una vez que ha dado lugar a la misma; correspondiéndole al Senado un rol de sentenciadora, para lo cual luego de conocer los antecedentes de la acusación, resolverá como jurado, es decir en conciencia, limitándose a declarar si el acusado es no culpable del ilícito que se le imputa. De aprobarse la acusación por el Senado se produce la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el plazo de 5 años.


Los ilícitos constitucionales que se tipifican son de variado alcance, así para el caso de un Ministro de Estado se contempla el “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”


Finalmente, establece la Constitución que el funcionario declarado culpable “será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares”

Potenciales implicancias de su aplicación como mecanismo de control político

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25573/1/Acusacion_Constitucional_Implicancias.pdf 

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