Espionaje político y desclasificación de archivos: el debate que se viene en la reforma a la ANI

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Sin embargo, su periplo por la Cámara Baja no ha sido todo lo rápido que quisiera La Moneda. Esto, porque pese a que el Ejecutivo le ha puesto suma urgencia, desde enero pasado que se mantiene en tramitación en la comisión de Defensa.

No ha sido un debate fácil, especialmente por las diferencias entre el Gobierno y la oposición, en medio de los cuestionamientos acusando falta de claridad en el manejo de los datos personales y en el trabajo de los agentes encubiertos.

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Además, los opositores al proyecto acusan que pone a los movimientos sociales y estudiantiles al mismo nivel que el crimen organizado, entre otras críticas.

En medio de su lento debate, este martes la iniciativa sumó una nueva sesión donde prácticamente todo el tiempo se fue en debatir una indicación presentada por el diputado comunista Guillermo Teillier, que planteaba extender el sistema de inteligencia a labores exteriores, y de esta forma, dar atribuciones nuevas a un servicio público.

Sin embargo, como esto implica un desembolso por parte del Estado, lo que además es iniciativa exclusiva del Gobierno, finalmente se declaró inadmisible.

Distinta suerte tuvieron los diputados Jorge Brito (RD) y Leonidas Romero (RN), quienes presentaron sendas indicaciones, las cuales no alcanzaron a ser votadas, aunque serán revisadas en una próxima sesión.

Espionaje político

En el caso de la indicación del diputado de Revolución Democrática, la idea es evitar que los organismos de inteligencia operen para investigar delitos, ni tampoco investigar a personas sólo por el hecho de pertenecer a alguna organización política, entre otras consideraciones.

En términos simples, buscan impedir un “espionaje político” por parte del gobierno de turno a sus contrincantes.

Incluso, se propone un castigo de presidio menor en su grado medio a máximo a quienes incurran en este delito, es decir, de entre 541 días hasta los tres años y un día de cárcel, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Al respecto, el parlamentario del Frente Amplio aseguró a BioBioChile que “nadie se ha opuesto a que haya inteligencia, lo que nos hemos opuesto a que la inteligencia sea utilizada por el Presidente de turno”.

“Vemos con preocupación como el gobierno de derecha de Mariano Rajoy en España hace algunos años, utilizó el sistema para espiar al gobierno de Cataluña”, destacó.

“Nosotros queremos evitar el espionaje político en Chile y en consecuencia hemos puesto una indicación para proteger a las dirigencias sociales, a los movimientos sociales y a las dirigencias políticas, de las labores de inteligencia”, agregó.

“Esperamos que esta indicación se apruebe y salvaguardemos en parte los derechos civiles y políticos de nuestro país”, sentenció Brito.

Plazo para la desclasificación

Por otro lado, la indicación del diputado Romero, busca establecer un plazo para la entrega de la información que puedan recopilar los organismos de inteligencia, tal como se realiza en países como Estados Unidos, donde se desclasifican documentos cada 25 años, por ejemplo, dependiendo su origen y clasificación.

De acuerdo al texto presentado, tanto las actas de las sesiones del Consejo Asesor y la totalidad de la documentación que emane, tendrá un carácter secreto por 30 años.

Luego de ese tiempo, cualquier persona que lo requiera podrá acceder a esa información utilizando la Ley de Transparencia, tal como se realiza actualmente con cualquier información pública, marcando una clara diferencia con la postura del Gobierno.

En conversación con BioBioChile, el diputado oficialista defendió su indicación aseverando que a su juicio es un plazo prudente.

“Me parece que es un plazo prudente para conocer la inspiración y fundamentos que se tuvieron en consideración, para determinar investigaciones de inteligencia”, dijo.

“Además, me parece que de esta forma se ejerce y hace efectivo el principio de transparencia que debe guiar todas las actividades públicas y considero que la ciudadanía tiene derecho a acceder a estos secretos del Estado, en un plazo de 30 años”, concluyó.

Los cuestionamientos

El tema de la entrega de información clasificada no es novedad en nuestro país. De hecho, en el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, aparece mencionado nuestro país como ejemplo deshonroso.

El texto, titulado “Derecho a la Información y Seguridad Nacional”, alude a un fallo de la Corte Suprema de 2017 respecto a la nómina de agentes de la Central Nacional de Informaciones durante el régimen de Augusto Pinochet, que estuvo operativa entre los años 1979 y 1990.

Se trató de un recurso presentado por el Ejército en un intento por evitar entregar la lista de personas integrantes de la policía secreta durante la dictadura y que permanecían en la institución como empleados civiles, tal como lo había ordenado el Consejo para la Transparencia.

Finalmente, la mayoría de la Sala estimó que la publicidad de esta información podría causar una afectación a derechos de los funcionarios y de sus familias garantizados en la Constitución, en particular a su seguridad, salud y la esfera de su vida privada.

Según la sentencia, la publicidad podría estar “destinada a encarar, increpando y fustigando de manera pública, a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos, con el fin de desacreditarlas ante la comunidad”, destaca el informe de la CIDH.

Al respecto, el abogado de Derechos Humanos que pidió la lista de los agentes de la CNI, Cristián Cruz, aseguró que el plazo planteado en la indicación de 30 años para acceder a la información, es demasiado extenso.

“El secreto de 30 años para las actas y documentos emanados en el ámbito de inteligencia, no cumple con los estándares reales internacionales en materia de protección, ni a los Derechos Humanos, ni al acceso a la información”, estimó.

De acuerdo a Cruz, el problema de este plazo es que en la eventualidad de que existan delitos cometidos por parte de los agentes de inteligencia, en 30 años posiblemente estarán prescritos, salvo que se trate de delitos contra los Derechos Humanos.

“Creo que más que dar una garantía, el proponer 30 años para acceder a una información, termina convirtiéndose en una garantía de impunidad para los funcionarios del Estado que impedirá una adecuada investigación o persecusión en el evento que existan delitos”, advirtió.

Un proyecto de ley “peligroso”

En relación a la iniciativa en sí, el abogado Cruz estima que aún quedan muchos puntos por discutir, asegurando que tal como está ahora es “peligroso”.

Esto, porque tal como ya lo han advertido algunos sectores de oposición, se le entrega al Presidente de turno la responsabilidad de fijar políticas por cuatro años, justamente el periodo que dura su mandato.

“Queda en su poder y esfera lo que realicen los servicios de inteligencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros, el Estado Mayor Conjunto y donde además se suman otras instituciones como Aduanas, Gendarmería, etc”, explica el jurista.

Sin embargo, no hay un “contrapeso” que permita limitar al Poder Ejecutivo, tal como ocurre por ejemplo en el Consejo de Seguridad Nacional de Chile, donde intervienen los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, además de la Corte Suprema y Contraloría.

“Esta modificiación no coloca ningún contrapeso, no se menciona para nada al Poder Judicial o al Ministerio Público. Si bien se crea el Consejo de Asesores, éste podría funcionar como el Cosena, que permitía la integración de la Corte Suprema y la Contraloría, cómo órganos del Estado. Pero acá, ellos quedan fuera”, puntualiza Cruz.

Por ahora, y tal como se han ido dando las cosas, evidentemente el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia en nuestro país aún tiene camino que recorrer. Por lo pronto, el “espionaje político” y los plazos para desclasificar la información, serán los próximos temas a debatir.

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