La ACPI advirtió, asimismo, que “el episodio de hoy marca un deterioro mayor en este tipo de coberturas en Chile, provocadas por grupos pequeños y perfectamente identificables que sin embargo están logrando intimidar impunemente para que la prensa no pueda ejercer su labor”.

Así, instó a las fuerzas policiales, en particular a Carabineros, a ser más proactivo en la lucha contra estos grupúsculos violentos, que nada tienen que ver con las protestas y se dedican a cometer delitos y reventar las manifestaciones; y a discriminar mejor entre los violentos y los que protestan de forma pacífica.

A lo anterior sumaron el poder salvaguardar la integridad de los periodistas y su derecho a la información libre y segura, como garantiza la carta internacional de los derechos humanos.

“Hacemos un llamado a las autoridades en general para que tomen acciones pertinentes con el fin de evitar que hechos de esta gravedad ocurran contra el libre ejercicio del periodismo durante la cobertura de legítimas manifestaciones sociales”, afirmaron.

“El Estado de Chile ha suscrito convenciones internacionales que lo obligan a proteger la acción periodística, por lo tanto consideramos imperativo en esta situación garantizar el derecho a informar”, concluyó.

Aunque los fotógrafos y periodistas amenazados pudieron abandonar la zona sin sufrir ningún tipo de lesión, se ha informado que a varias personas que estaban grabando se les sustrajeron sus teléfonos, algunos de los cuales quedaron destrozados en las calles.

Los encapuchados se enfrentaron a los cuerpos policiales con piedras, palos, botellas y molotov al final de la protesta estudiantil del 8 de septiembre y en la entrada del Cementerio de General tras la manifestación del 11 de septiembre, en recuerdo del golpe de Estado que en 1973 derrocó el gobierno de Salvador Allende.