**La expolicía con disautonomía pelea tras ser cesada, estando cerca de su jubilación.**

Aunque evaluaciones médicas independientes respaldaban su capacidad, la junta médica interna de la institución la consideró no idónea para el uso de armas. Desprovista ahora de seguro médico, Faúndez está librando una batalla legal para ser readmitida en la PDI, interponiendo una acción de protección laboral. Si bien la PDI insiste en que su procedimiento se adhirió a las normativas internas, Faúndez alega falta de claridad y honestidad en el desarrollo de su destitución.

Karem Faúndez Silva sirvió por 18 años a la Policía de Investigaciones, pero en diciembre de 2024 fue desvinculada de la institución por un “estado de salud irrecuperable”. La decisión se basó en su diagnóstico de “disautonomía”, el cual fue detectado en 2021. Hoy, Karem lucha por volver a la PDI y terminar su carrera con normalidad.

La mujer se contactó con Denuncias BBCL para dar a conocer su caso, el que ha arrastrado por meses. Debido a su destitución, actualmente no cuenta con un sistema de salud que cubra sus prestaciones médicas y las de su hija, quien padece de una enfermedad compleja y crónica.

En 2007, Karem Faúndez inició su trayectoria en la PDI, cuando ingresó a la Brigada de Investigación Policial Especializada (BIPE). Dos años más tarde, fue trasladada a la región de Valparaíso, donde trabajó en diversas áreas.

Desde 2021, la -ahora- exfuncionaria se desempeñó como Jefa del Departamento de Asesoría Técnica Regional Valparaíso, donde cumplía labores -principalmente- administrativas.

Despedida por tener disautonomía

Sin embargo, en diciembre de 2024, Karem fue informada de su despido. “La comisión médica tomó la decisión de que no estaba apta para el servicio porque no podía usar arma de fuego, debido a mi enfermedad”.

“Ellos llegaron a esa determinación, que no puedo usar mi arma, porque por mi disautonomía yo me puedo desmayar“, aseguró Karem.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la resolución se fundamentó en un informe “emitido el 13 de junio de 2024 por la Comisión Médica Institucional, que declaró su estado de salud irrecuperable, argumentando que su diagnóstico de disautonomía era incompatible con las funciones operativas del servicio policial, especialmente el manejo de armas de fuego”.

Peritajes médicos la declaran apta

La exoficial apeló a su despido, principalmente porque la decisión de desvincularla de la PDI fue tomada 3 años después de su diagnóstico. Además, la mujer sostuvo que tiene “colegas que, de hecho, uno tuvo un accidente y perdió la mano derecha y nunca ha sido cuestionado por la comisión médica y él usa arma, maneja y hace todo normal, pero es hombre”.

“En agosto de 2023, el psiquiatra José Sáez Valdés, quien la había atendido regularmente desde 2020, emitió un certificado donde afirmó que no existía contraindicación psiquiátrica absoluta para que Karem se reintegrara a sus labores habituales. Recomendó un reintegro gradual y señaló que su condición médica estaba bajo control, indicando además que no representaba un riesgo en el cumplimiento de sus funciones administrativas”, se señala en el escrito judicial.

Además, en diciembre de 2023 y a días de ser despedida, un cardiólogo del Hospital Dipreca, realizó una nueva evaluación médica a la mujer, donde el resultado fue el mismo que el anterior.

“En su informe, certificó que la condición de disautonomía estaba estable y concluyó que podía realizar actividades laborales sin restricciones. Este diagnóstico contradice las conclusiones del Informe Técnico (R) Nº 310, generando dudas sobre la validez y fundamentación de las decisiones adoptadas por la Comisión Médica”, argumentan en la tutela laboral.

Tutela laboral y falta de cobertura médica

“Tenía 18 años de servicio, y como me despidieron antes de los 20 años, no tengo derecho a ningún beneficio. Estoy bloqueada de Dipreca y tengo que pagar todo particular”, sostuvo la afectada.

Una situación que complica aún más a Karem Faúndez, pues su hija es paciente oncológica y necesita de tratamientos y medicamentos constantes.

Por toda esta situación, la exoficial decidió interponer una tutela laboral en contra de la institución, donde acusa falta de transparencia en su proceso de desvinculación.

De todas formas, no será hasta abril de 2026 que se desarrolle el juicio para conocer el resultado final de su caso.

Respuesta PDI

BioBioChile tomó contacto con la Policía de Investigaciones para consultar sobre el proceso de destitución de la funcionaria.

Consultados, respondieron que “la Policía de Investigaciones debe cumplir con lo que ordena la Ley y los reglamentos institucionales, por lo que se decidió su desvinculación, independiente de la cantidad de años de servicio que tenga él o la funcionaria”.

En cuanto a lo sostenido por Faúndez, sobre otros funcionarios con discapacidades físicas trabajando en la institución, expresaron que “Las tramitaciones de los procesos administrativos, que conllevan informes o estudios médicos, son únicos por sí solos. Cabe hacer mención que en la demanda no se ha ejemplificado ningún caso médico de similares características al interior de la institución”.

Un tercer punto sostenido por la exfuncionaria, fue sobre su labor netamente administrativa dentro de la PDI. “Es importante recordar que la demandante era oficial policial de la Policía de Investigaciones. El Reglamento de Armamento y Munición establece que todo oficial debe portar su arma de servicio de manera permanente, con independencia de las funciones que esté desempeñando”, señalaron.

Agregaron que “esto obedece a que, aun cuando un oficial cumpla labores administrativas, si se encuentra frente a un delito flagrante, tiene la obligación legal de intervenir en virtud de su investidura. En este sentido, las funciones administrativas son transitorias, pero no hacen perder la calidad ni las responsabilidades propias de un oficial policial”.

Finalmente, añadieron que “la funcionaria fue notificada de su carta de servicio, lo que deja de manifiesto que ya no es funcionaria de la institución. En detalle, la vacancia del puesto fue informada en diciembre, y se hace efectiva seis meses después“.

“Cabe destacar que la Policía de Investigaciones de Chile se mantiene plenamente dispuesta y disponible para participar en los procesos judiciales que correspondan, con el fin de aportar la información requerida y colaborar en el esclarecimiento de los hechos, garantizando así la transparencia y el correcto desarrollo de la labor jurisdiccional.

Lo anterior, respecto a la causa pendiente que existe y que se encuentra en manos del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso”.