Carabinero sorprendido realizando labores de seguridad privada arriesga hasta ser dado de baja

Una posible sanción administrativa arriesgaría un sargento segundo de Carabineros que el pasado miércoles fue sorprendido realizando labores de escolta en una empresa privada, en medio de un violento asalto en la comuna de Pudahuel.

 

Carabinero sorprendido realizando labores de seguridad privada arriesga hasta ser dado de baja


Carabineros inició una investigación interna debido a la participación de un funcionario activo de la institución en labores de seguridad privada, lo que quedó al descubierto tras un delito que supuestamente había repelido.

La noche del miércoles, en la Ruta 68 se registró un asalto frustrado perpetrado por al menos 10 desconocidos, los cuales intentaron sustraer especies tecnológicas desde un camión blindado utilizando un sistema oxicorte.

El procedimiento dejó a un asaltante detenido que quedó en prisión preventiva y la recuperación de un arma. En el sitio del suceso, además, se informó la intervención de un carabinero de civil que ayudó a frustrar el robo. Supuestamente, el sargento segundo solo pasaba por el lugar y se detuvo frente al ilícito.

Así fue confirmado en primera instancia por el coronel Rodrigo Soto de la prefectura Santiago occidente.

Vuelco


 

Sin embargo, luego surgieron otros antecedentes que indicaban que el policía no portaba su arma de fuego y que fue asaltado por los delincuentes, quienes le sustrajeron sus especies personales y su tarjeta de identificación.

También confesó que realizaba labores de escolta para una empresa privada, servicio por el cual recibía entre $30 mil a $40 mil.

 


En este sentido, el coronel en retiro y experto en seguridad, Pedro Valdivia, señaló que los bajos sueldos y diversas necesidades de los carabineros, explicaría en parte que estuviese trabajando en esta actividad u otras de carácter privado a la cual no está permitida administrativamente.

Además, agregó la importancia de un proyecto de ley de seguridad privada, la cual podría regular esta actividad, iniciativa que lleva 12 años en el Congreso.

La investigación interna se encuentra en curso y el funcionario podría arriesgar algún tipo sanción, incluso la baja de la institución.

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