El prefecto inspector Marcelo Romero, Jefe Nacional de Delitos Económicos, apuntó al daño económico que afectó tanto a editoriales como al Estado.

“Transgrede el delito de infracción a la ley de propiedad intelectual, supera los $6.000 millones y se produce también un perjuicio fiscal que es un monto considerable, hace que el fisco deje de percibir la cantidad de $1.900 millones aproximadamente”, detalló.

Los libros falsificados eran vendidos en cerca de $10 mil la unidad.

En cuanto a los dos detenidos, uno es el dueño de los locales comerciales y el otro fue capturado por una orden judicial pendiente por microtráfico. Ambos quedaron con medidas cautelares de menor gravedad.