“Este decreto es meramente estético, por cuanto no otorga ninguna garantía a los involucrados en causas ante la justicia militar”, apuntó Cruz.

“Solo viene a reconocer que es innecesario, que es un gastadero de dinero, la presencia de algunas fiscalías militares. Le da atribuciones a jueces militares para que modifiquen ámbitos territoriales, lo que nos parece delicado”, agregó.

“No aportan nada en un compromiso con un Estado democrático, con un Estado de derecho y respetuoso de garantías básicas, como tampoco da cuenta de la imperiosa necesidad de que los fiscales militares sean se han nombrado bajo condiciones objetivas y no porque son hijos, hijas, esposo del hijo o hijo de alguien, como lamentablemente ha ocurrido ya en un porcentaje elevadísimo en nuestra judicatura castrense”, concluyó el jurista.