El fallo detalló que la persona fue atendida en la Clínica Dávila e ingresó por el servicio de urgencia. Luego quedó hospitalizada y no se activó “la Ley de Urgencia, generando el pago de la suma aproximada de $8 millones”.

Por ese monto fue que se notificó la deuda al boletín comercial.

La resolución remarcó que a la fecha hay un procedimiento administrativo en curso asociado a lo anterior.

Por último, añadió que tanto el paciente como su familia vieron afectada su “tranquilidad psíquica”, al verse desprovistos de los recursos para atender el cobro de la clínica junto con la imposibilidad de acceder “a casas comerciales (…) para la subsistencia” del grupo familiar.