Normativa sobre el uso de la fuerza: La "impunidad" preocupa al Gobierno y la oposición pide apoyo para los policías

El Ejecutivo y el Congreso ya comenzaron el trabajo conjunto para tramitar, desde comienzos de abril, un proyecto de reglas de uso de fuerza para militares y las policías.


Esto en medio del tenso debate por la agenda de seguridad y el llamado del nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), a apurar el tranco en la discusión de estas iniciativas. El llamado que va de la mano con 16 urgencias ingresadas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Ayer jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Constitución para discutir uno de los compromisos del protocolo de acuerdo que permitió aprobar el proyecto de infraestructura crítica: un proyecto de ley de reglas de uso de fuerza.

Es precisamente en las facultades de las Fuerzas Armadas y también en el sistema de protección a Carabineros donde están las principales diferencias entre oficialismo y oposición, con proyectos como la defensa legítima privilegiada o la Ley Retamal, para aumentar penas por violentar a efectivos policiales.

El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, el diputado Andrés Jouannet; y el integrante de la Comisión de Seguridad, el diputado Diego Schalper (RN), explicaron que lo que más se necesita es que gendarmes, militares y carabineros puedan actuar siendo respaldados y sin ser perseguidos por su actuar.

Jouannet habló de “sacar una ley de las reglas de uso de la fuerza que le garantice a las Fuerzas Armadas y también a Carabineros que cuando actúan esto no sea un reglamento, sino que una ley”.

Schalper, en tanto, apuntó a que “los carabineros tengan la tranquilidad que cuando hacen uso de sus armas no van a terminar declarando como imputados, siendo objeto de un sumario administrativo, con suspensión en sus funciones”.


Oficialismo muestra apertura a discutir reglas de uso de fuerza, con reservas

En el oficialismo ha existido una apertura a legislar estos temas que no se había visto en los últimos años, pero es la posibilidad de una “cultura de la impunidad” – como privadamente le han llamado – lo que genera más incomodidad.

El miércoles, la Comisión de Seguridad de la Cámara tuvo una sesión tensa, en la que la diputada Alejandra Placencia (PC) no dio la unanimidad para que se fusionaran y comenzaran a votar dos proyectos a modo de dar marco a la defensa legítima de Carabineros.

 

Al respecto, se argumentó que se actuó “de mala fe” porque la citación de trabajo no decía que se votaría y porque necesitaban tiempo para estudiar los proyectos, a tiempo que fueron culpados de maniobras dilatorias.

Placencia dijo que legislar sobre reglas de uso de fuerza tiene un sentido fiscalizador y dice que Chile Vamos quiere “desregular” el actuar de los uniformados.

Una de las maneras de resguardar a la institución, principalmente a Carabineros, es regulando claramente el uso de la fuerza y no al revés. Lo que se quiere hacer con la legítima defensa privilegiada es justamente dejar sin regulación, lo que va a significar que para Carabineros va a llevar adelante más cuestionamientos cuando hagan su labor”, dijo.


Presión opositora no cede, Gobierno recuerda urgencias presentadas

La oposición continúa presionando a La Moneda para agilizar los proyectos de seguridad.

De todos modos, aunque hoy hay 16 urgencias legislativas ingresadas y recientemente se despachó a ley el proyecto que mejora las técnicas de combate al narcotráfico, el bloque acusa que no habría prisa para proteger a Carabineros.

 

Es en ese marco que el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), planteó darse 90 días para revisar todos los proyectos en ambas cámaras y entablar un diálogo para comenzar a despachar rápidamente a ley una serie de iniciativas.

Entre ellos el gremialista habló de tipificar el delito de sicariato, mejorar la definición de secuestro junto con la atención de víctimas, la iniciativa de usurpaciones y la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

La ministra Segpres Ana Lya Uriarte ha rechazado la noción que el Ejecutivo no está interesado en esta materia y, además de decir que están de acuerdo, ha señalado que coincide con la prioridad legislativa de este año para La Moneda.

Así, la ministra ha insistido en que solo esta semana existen 16 urgencias legislativas a proyectos de seguridad con distintos niveles de avance, y que continuarán en esa senda.

Esto mientras el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo valorar el llamado de Coloma pero también advertir que le resulta “preocupante” que se impulsen iniciativas “populistas” que dan “un cheque en blanco” a las policías.

Actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara se tramitan iniciativas para sancionar la conspiración para cometer delito de homicidio calificado por premio, además de aumentar la pena para porte de armas en lugares altamente concurridos y agravar el castigo para el delito de secuestro.

Este lunes, la Comisión de Seguridad de la Cámara votará los proyectos refundidos de protección a las policías y la misma comisión del Senado debería estar en condiciones de despachar a esa Sala el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

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