La estrategia fue objeto de múltiples críticas. El diputado del partido Justicia Animal Georgie Purcell denunció ante el diario australiano Herald Sun que “no se está haciendo ningún esfuerzo por comprobar, cuando se dispara a los koalas desde helicópteros, si tienen bolsas de cría”.

Por otra parte, la presidenta de la ‘Alianza por los Koalas’, Jess Robertson, afirmó que “no hay forma de que puedan decir si un koala está en malas condiciones desde un helicóptero”.

Muchos expertos señalan que esta acción podría ser la base de un precedente peligroso. “Estamos normalizando la idea de que matar animales en masa es una forma válida de gestión ambiental”, advirtieron miembros de distintas asociaciones ecologistas.

La gravedad de la situación se acentúa al considerar que, desde 2022, el koala figura oficialmente como una especie en peligro de extinción en Queensland, Nueva Gales del Sur y el Territorio de la Capital Australiana.

Esta clasificación fue establecida por el gobierno australiano a través de la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad (EPBC), debido a una alarmante caída de su población, estimada entre el 50% y el 62% en los últimos veinte años.