El dictamen puntualiza que una persona con el llamado certificado de reasignación de género (CRG, trans) en el género femenino no entra dentro de la definición de ‘mujer’ en virtud de la Ley de Igualdad de 2010, por lo que la posición legal del Gobierno escocés es “incorrecta”.

El Gobierno escocés argumentaba que las personas trans con un certificado CRG tenían derecho a las protecciones y facilidades basadas en el sexo, mientras que ‘For Women Scotland’ sostenía que solo debían aplicarse a las personas que nacen mujeres.