Rebaja de penas a agresores sexuales genera fuerte polémica en España

Un tribunal rebajó de cuatro a seis años la pena de cárcel a un condenado por violar a una mujer, después de que su abogado reclamara la reducción al establecer la nueva ley un delito de agresión sexual en grado mínimo, en uno de los casos conocidos tras su reciente entrada en vigor.

 


La rebaja de penas a agresores sexuales por la aplicación de una nueva ley ha generado una fuerte polémica en España, donde una parte del Gobierno de coalición plantea enmendar la norma mientras otra acusa a los jueces de aplicarla mal.

La ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida en el país como ley del “solo sí es sí”, desembocó en una revisión a la baja de penas para algunos condenados por delitos sexuales.

Esto, ya que la legislación española establece que debe aplicarse de forma retroactiva la pena más favorable para el condenado.

Un tribunal, al revisar una de las condenas, determinó que “el consentimiento prestado por personas mayores de 16 años no es constitutivo de delito”.

Lo anterior, excepto si hay violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, expresó este miércoles su confianza en la Justicia y en su “sensibilidad”. Esto, frente a delitos de sexuales, en espera de que los tribunales “unifiquen doctrina”.

“Después tendremos que ver qué pasos dar”, dijo en declaraciones en la cumbre del G20 en Indonesia.

Fueron palabras tras las que varias ministras de la parte socialista de su Gobierno abogaron por estudiar posibles modificaciones a la ley y defendieron la actuación de los jueces.


Polémica en España ante penas más débiles contra los agresores sexuales

Por contra, la ministra de Igualdad, Irene Montero reiteró las críticas hacia los magistrados.

“Hay jueces que están incumpliendo la ley”, declaró la ministra a los periodistas en Madrid.

Esto, al considerar que una mentalidad machista les lleva a interpretarla erróneamente, pero confío en que “unifiquen los criterios” para que “no queden en la impunidad los agresores”.

La ministra rechazó que sea necesario revisar una ley “feminista”, mientras que el principal grupo de oposición en el Parlamento español, el conservador Partido Popular, solicitó formalmente que se mandate el Ejecutivo para que la revise “por la vía de urgencia”.

Desde la judicatura, cuyo órgano de Gobierno ya advirtió de que la ley generaría una rebaja de condenas, se advierte de otros muchos abogados defensores de agresores sexuales pedirán revisiones de condena e incluso los jueces pueden actuar de oficio.

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