La medida se tomó en medio de la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la clase política peruana, que dejaron decenas de muertos, y tras señalar que se había detectado ingresos de ciudadanos bolivianos para “efectuar actividades de índole política proselitista”, que se consideró que afectaban la legislación migratoria, la seguridad nacional y el orden interno.

En noviembre pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte el habeas corpus presentado en favor de Morales, por lo que ordenó declarar la nulidad de la alerta migratoria y que se emita un dispositivo que regule estas disposiciones “con respecto de los principios y valores constitucionales y democráticos”.

Sin embargo, tras una apelación de las autoridades, la Segunda Sala Constitucional concluyó que “el actuar de Migraciones no ha sido arbitrario” y que la decisión que tomó “se encuentra plenamente justificada” porque existió un informe de inteligencia en el que se calificó a Morales “como una persona peligrosa para la seguridad del Estado”.

Por los fundamentos expuestos, el tribunal revocó la resolución del 17 de noviembre de 2023 y declaró “improcedente la demanda” presentada contra la Superintendencia de Migraciones.