La Fiscalía peruana pide 34 años de cárcel para Pedro Castillo por el golpe fallido

El Ministerio Público de Perú solicitó un total de 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.


Todo lo anterior, por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022.

Durante la jornada de este viernes el Ministerio Público de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente, Pedro Castillo, por los presuntos delito de rebelión.

Todo lo anterior, debido a los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública,luego del fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022.


Asimismo, la fiscalía peruana pidió 25 años de prisión contra los exministros Betssy Chávez Chino, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas; y los oficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

Por último se solicitaron un total de 15 años de pena carcelaria contra el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres.

Recordemos que Pedro Castillo Terrones afronta 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate. Del mismo modo, Chávez Chino cumple 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario anexo de mujeres en Chorrillos.

Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.


El penal de Barbadillo es un recinto conocido como la cárcel de los expresidentes, ya que también ahí está recluido Alejandro Castillo.

Alberto Fujimori también residía en dicha prisión, sin embargo, el 6 de diciembre fue liberado en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional. Esto, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades peruanas que se abstuvieran de hacerlo.

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