El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, decidió afrontar la presunta cartelización del sistema de salud privado en el país y aminorar los aumentos de precios que aplicó, desde que el nuevo mandatario liberó todos los precios de la economía.
“Estamos discutiendo en Argentina el cambio de régimen económico” y “en el capitalismo moderno, la ley de defensa de la competencia se cumple”, pero “es ilegal que eventualmente cuatro o cinco empresarios se junten y coordinen algún tipo de política comercial en detrimento de los consumidores”, dijo el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, a la radio Rivadavia.
El Ejecutivo, cuya gestión comenzó el 10 de diciembre pasado, heredó una inflación superior al 200% anual y, además, emitió un decreto de necesidad y urgencia desregulador de la economía, que permitió que se dispararan los precios al consumidor.
Los precios de los seguros privados de salud acumularon un alza de 151% en promedio desde diciembre pasado para recuperar el atraso que sufrieron por la ‘congelación’ del Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), que dejó un sistema sanitario con serias dificultades económicas.
El aumento de los seguros de salud afecta a una parte relevante de la población, alrededor del 13%, principalmente de clase media y alta, dijeron a Agencia EFE fuentes del sector, que indicaron que -por los aumentos de precios- entre un 3% y un 8% de los asociados dieron de baja los planes, otros cambiaron de empresa o bajaron el nivel de su cobertura.
El Gobierno, que pregona la libertad de mercado, decidió involucrarse en el sector de la salud privada.
Lavigne explicó que en el sector de medicina privada “reacciona tarde la competencia” y que hay un segmento de la población, como personas ancianas o con enfermedades preexistentes, para quienes “no es fácil” cambiar de empresa.
Para los privados, la solución era reducir la cantidad de prestaciones en el programa médico obligatorio (PMO), en vez de regular los precios.
Y consideran que la decisión del Ejecutivo de meterse en las tarifas de salud tiene que ver con la necesidad de distraer a la población de los aumentos en los servicios públicos de energía, que fueron liberados a partir de este mes, en un contexto de caída de la actividad y pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.