Amnistía Internacional (AI) pidió este domingo la libertad “inmediata e incondicional” de la activista y pidió el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como “acceso a abogados y familiares”.

ONGs han denunciado que la familia de San Miguel desconoce su paradero desde la detención el pasado viernes.

La activista había informado este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, “a más tardar el 6 de mayo”, un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a su favor y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.