Educación: el difuso límite entre discriminación y justicia
Una encuesta Cadem realizada después del plebiscito de octubre de 2020, mostró que, por lejos, el principal motivo para votar Apruebo fue una mayor justicia en educación, pensiones y salud. No es extraño entonces que todas las encuestas conocidas al día de hoy den ventaja a la opción de rechazar el texto constitucional. En efecto, en el estado actual del texto, se aprecia que el concepto de “justicia” se entendió como “sistema provisto por el Estado”, es decir, “un proveedor para todos”, sin atender a la diversidad de la ciudadanía ni la calidad del sistema.
Educación: el difuso límite entre discriminación y justicia
Una encuesta Cadem realizada después del plebiscito de octubre de 2020, mostró que, por lejos, el principal motivo para votar Apruebo fue una mayor justicia en educación, pensiones y salud. No es extraño entonces que todas las encuestas conocidas al día de hoy den ventaja a la opción de rechazar el texto constitucional. En efecto, en el estado actual del texto, se aprecia que el concepto de “justicia” se entendió como “sistema provisto por el Estado”, es decir, “un proveedor para todos”, sin atender a la diversidad de la ciudadanía ni la calidad del sistema.
Veamos el caso particular de educación. Aproximadamente el 55% de la matrícula nacional corresponde a colegios particulares subvencionados y un poco más del 30% a establecimientos estatales. Si hay algo que no puede ser objeto de sospecha de “fake new” (noticia falsa), es que el articulado propuesto promueve un Estado como oferente casi hegemónico de educación pública (“estatal” no es lo mismo que “público”).
Sólo los establecimientos estatales serán beneficiarios de los recursos económicos y logísticos destinados a mejoras en educación. En caso de aprobarse la nueva Constitución, estaremos en presencia de una clara discriminación entre distintos niños, en razón del tipo de establecimiento educacional al que asistan. El Estado destinará mayores recursos a los alumnos de establecimientos públicos y menos a los de colegios subvencionados. Esto, claro, suponiendo que el futuro Congreso no decida terminar con la educación subvencionada, lo que resultaría algo descabellado.
Seamos gráficos y consideremos un caso (hay muchos) de 2 hermanos: uno asiste a una escuela estatal y el otro a un colegio particular subvencionado. El Estado destinará más recursos a un hermano que al otro, ¡con las mismas necesidades económicas! Más paradójico aún: si no se ven cambios estructurales, que en el borrador no se adivinan, es muy posible que el hermano que recibió menos financiamiento (en alimentación y actividades extracurriculares, por ejemplo) obtenga mejores resultados que el que recibió más.
¿Qué ha pasado aquí?, ¿por qué se llega a este absurdo? No entraremos en el juego de interpretar intenciones. Sólo diremos que la justicia que pedía la gente se puede resumir en 3 criterios: 1) “ajustarse” a la diversidad y pluralidad del Chile de hoy; 2) intentar dar a cada niño la educación que necesita, con los desafíos que ello implica y 3) no discriminar niños en razón del tipo de establecimiento al que asisten, gratuito en ambos casos.
El proceso constituyente, llamado a hacer de Chile un país más justo, no hace justicia a los criterios de justicia indicados aquí. La discriminación también puede ser hija de buenas intenciones.
Comparte en tus redes sociales