Cómo platas públicas financiaron reapertura de cabaret y pagos a palos blancos de empleado municipal
Un cabaret, viajes al extranjero y transferencias a palos blancos son parte de los nuevos antecedentes que investiga la fiscalía en los dos fraudes que aquejan al Departamento de Administración de Salud (DAS) de la Municipalidad de Talcahuano. En total, el monto desfalcado supera los $600 millones, mientras que el foco de la justicia apunta como responsables a cinco exfuncionarios municipales y tres civiles. Los detalles de dónde fueron a parar los dineros malversados, de acuerdo a la indagatoria, lo revela en exclusiva la Unidad de Investigación de BioBioChile.
“Pronto nueva reinaguración”. De esta forma anunciaba su reapertura el mítico cabaret Yola’s, con sede en Talcahuano. El mensaje fue difundido a través de Facebook el 10 de abril de 2018 e invitaba a los antiguos asistentes a volver al solicitado local emplazado en el “barrio rojo” chorero.
Lo que hasta ahora se desconocía es que la reinauguración, con bombos y platillos, estuvo financiada con dineros fiscales. Recursos que debían terminar en servicios a la comunidad, sencillamente fueron a parar a manos de dudosa reputación.
De acuerdo a información exclusiva recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, los hechos constan en una minuciosa indagatoria liderada por la fiscal María José Aguayo. Las pesquisas apuntan a fondos malversados en la Municipalidad de Talcahuano en la arista “Cheques”, una de las dos líneas que indaga al interior de la casa edilicia. La segunda, “Tratos”, terminó no en un cabaret, pero sí en otros gustos personales.
Viajes, propiedades, autos de alta gama y transferencias a familiares componen el universo que es investigado en medio de los fraudes que en conjunto suman más de $600 millones y que aquejan al Departamento de Administración de Salud Municipal (DAS) de Talcahuano, en la región del Bío Bío.
En total, son nueve las personas bajo el foco de la justicia: cinco de ellos corresponden a exfuncionarios.
“ARISTA CHEQUES” EN FRAUDE AL DAS TALCAHUANO
La arista “Cheques” comprende hechos que se remontan a entre octubre de 2017 y marzo de 2019. Tal como reveló este medio a fines de 2019, fue una auditoría de Contraloría la que destapó el desfalco de 412 millones de pesos, luego de revelar que tres funcionarios y un civil cobraron ilegalmente dinero destinado a proveedores de la municipalidad presidida por el alcalde Henry Campos Coa (UDI).
Los imputados son Alejandro Cabello Bustos, ahora exjefe de Finanzas; Pedro Paredes Montoya, exfuncionario; Nubia San Martín Pávez, exadministradora contable del DAS; y el particular Pedro Ravanal Mellado, expareja de esta última.
Todos ellos, se habrían concertado para cobrar un total de 129 cheques en diferentes sucursales bancarias de Concepción y Talcahuano.
Del destino del dinero poco y nada se sabe. Salvo de las inversiones de Cabello Bustos que serán expuestas más adelante en este reportaje.
TRATOS FANTASMAS
La arista “Tratos” corresponde a la más reciente. Aquí se investigan desfalcos que ocurrieron entre febrero de 2018 y mayo de 2019. En concreto, dineros destinados a obras que mejorarían la atención de salud de los choreros, habrían terminado en propiedades, autos y bolsillos de terceros.
Por esta causa se encuentran imputados dos exfuncionarios del DAS y tres empresarios, dos mujeres y un hombre. El desfalco bordea los $190 millones.
Según fuentes consultadas por este medio, la indagatoria surge precisamente a raíz de la primera investigación de Contraloría. En medio de la toma de declaraciones por el fraude “Cheques”, varios funcionarios del DAS confesaron nuevas irregularidades. Esta vez, relativas al Departamento de Abastecimiento de la misma repartición.
Los testimonios dieron paso a un informe preliminar que constató que, al menos, 10 obras enfocadas en la mantención de centros de salud no se realizaron. En el documento se repetían los nombres de dos empresas: Luster y Ormag.
Soborno, promesas incumplidas para mejorar la calidad de vida en Talcahuano y lavado de activos, es parte de lo que compone este nuevo fraude investigado en el DAS. La figura del “trato directo” es protagonista principal.
ASÍ OPERABAN
Los imputados por este millonario fraude son el exdirector del DAS, Armando Domínguez Ponce; el exjefe de Departamento de Abastecimiento del DAS y director (s), Juan Garcés Gallardo; la representante de Luster y Compañía, Paola Cifuentes Arias y los representantes y socios de Servicios e Inversiones Ormag y Sociedad de Transportes, Comercializadora y de Servicios Lusam, Claudia Orrego Quezada y Fabián Gerli Albornoz. Estos últimos eran cónyuges.
En concreto, a los imputados se les acusa de defraudar a la Municipalidad de Talcahuano por obras o servicios que jamás se realizaron, pero que, sin embargo, fueron pagados con fondos municipales.
El modus operandi iba así:
De acuerdo a la indagatoria, Garcés Gallardo, en su calidad de jefe de Departamento de Abastecimiento, fue la pieza principal al interior de la repartición. Él, apuntan las pesquisas, estaba a cargo de la contratación de las empresas bajo dos escenarios.
La primera fue mediante la petición de prestación de servicios. El funcionario le propuso al entonces director de la repartición la necesidad de efectuar obras de mejoramiento, las que serían ejecutadas por una empresa en específico. ¿El problema? El funcionario y la compañía previamente habían acordado sencillamente no realizar los trabajos no obstante los cuantiosos desembolsos.
Frente a esto, el entonces director de la DAS -faltando a la verificación del cumplimiento de requisitos para la contratación de la empresa- simplemente aprobaba el acuerdo bajo la modalidad de trato directo. Mecanismo que es excepcional al momento de contratar a un proveedor, pero que sin embargo, se repitió a lo largo del periodo investigado.
La segunda, también tiene a Garcés Gallardo como protagonista principal. Fue él quien autorizó la contrataciones irregulares. Esta vez no como jefe de Departamento de Abastecimiento, sino en su calidad de director subrogante.
LAS OBRAS QUE NO SE HICIERON
Según detalla la investigación de Fiscalía, la suma del dinero malversado fue en ascenso. Primero con obras que no superaban el millón de pesos. En efecto, uno de los primeros desfalcos fue por poco más de $900 mil para la supuesta habilitación del acceso a una posta.
Con el tiempo, sin embargo, los imputados osaron subir exponencialmente los dineros que se metieron al bolsillo. De un total de al menos 31 hechos ilícitos, la mayor cantidad de dinero solicitado se produjo en marzo de 2019, cuando Garcés Gallardo aceptó desembolsar $10,7 millones para “Arreglos, Reparación y mantención e implementación en techo de Cecosf Esmeralda”. Mejora que… nunca se efectuó.
En total, hubo seis contrataciones fantasmas que superaron los 10 millones de pesos. Llama la atención que cuatro se realizaron de forma seguida entre el 11 de marzo de 2019 y el 25 de marzo del mismo año, día en que se aprobó la mayor suma de dinero. Luego se evidencian vaivenes en los recursos malversados.
Según detalla la fiscal María José Aguayo a la Unidad de Investigación de BioBioChile, fue “complejo” determinar el universo de las obras no realizadas. Esto, debido a que -en general- se trataban de trabajos de menor envergadura y de mantenimiento, cuya verificación se complicaba con el paso del tiempo.
Para ello, cuenta la persecutora, debió tomar declaración “a los funcionarios que conforman los respectivos Cesfam y Cecosf”, quienes confirmaron, uno tras otro, que no se realizaron las mejoras. Y si es que ocurrieron, fueron ejecutadas por ellos mismos y no por empresas externas contratadas por la DAS.
LAS COIMAS
Las “gestiones” de Garcés Gallardo, desde luego, no eran gratis. La investigación acreditó que percibió cuantiosas coimas de las empresas favorecidas.
Ello consta en sendas transferencias electrónicas de los representantes de las firmas Luster y Ormag. En total, se calcula que el exjefe de Departamento de Abastecimiento y director subrogante del DAS, Juan Garcés Gallardo, obtuvo más de $68 millones en sobornos.
La relación entre el servidor público y los empresarios quedó en evidencia a través de e-mails a los que tuvo acceso esta unidad investigativa.
El tenor de la conversación demuestra compromisos y la exigencia de que éstos se cumplieran en medio del temor por la fiscalización que pesaba sobre el funcionario del DAS.
“Juan Eduardo que pasa contigo que no quieres responder ni los llamados y mensajes, que cuesta contestar y hablar, donde quedo la confianza!! (…) Te recuerdo nuevamente que todo lo pactado lo he cumplido, no así de tu parte (SIC)”, reza uno de los correos enviados el 26 de junio de 2018, por el representante de la empresa Ormag, Gerli Albornoz, a Garcés Gallardo.
Con todo, el primero de ellos añade: “Con tus comentarios que te están fiscalizando, me has dejado bastante preocupado”.
LAVADO DE ACTIVOS
En la arista “Tratos”, tanto la representante de Luster, Paola Cifuentes Arias, como Fabián Gerli Albornoz de Lusam y Ormag, junto al exjefe del Departamento de Abastecimiento del DAS, Juan Garcés Gallardo, están siendo investigados por lavado de activos.
Los detalles de la indagatoria apuntan a que los imputados, desde 2018 y hasta su detención, realizaron distintas maniobras para ocultar el origen ilícito de sus ganancias.
Así, en el caso de Cifuentes Arias y Gerli Albornoz la “semilla” del dinero provendría del delito de fraude al fisco, mientras que para Garcés Gallardo, el origen es el cohecho, proveniente de las empresas Luster, Ormag y Transportes Lusam.
Las técnicas fueron distintas, algunas más extensas que otras, pero todas buscaban una cosa: ocultar su relación con la millonaria malversación en la Municipalidad de Talcahuano.
AUTOS DE LUJO, PROPIEDADES Y TRANSFERENCIAS A FAMILIARES
El lavado de activos de Garcés Gallardo
Según la fiscalía, el exjefe del Departamento de Abastecimiento y director (s) del DAS, Juan Garcés Gallardo, ocultó sus ganancias de sobornos de tres formas: depositando sumas de dinero en su cuenta de ahorro, realizando trasferencias monetarias a terceros y/o comprando bienes e inscribiéndolos a nombres de otros y pagando viajes al extranjero, específicamente a Estados Unidos.
Dentro de los beneficiados por las transferencias y bienes comprados a terceros se encuentran dos “palos blancos”: su cónyuge y su padre. Las acciones datan desde 2017 a 2021.
A la mujer le inscribió un vehículo tipo Station Wagon, marca Peugeot, año 2019 y en total le transfirió, mediante distintos movimientos y cuentas, casi $79 millones.
En tanto, a su padre también le inscribió un automóvil tipo Station Wagon, marca Peugeot, pero del año 2020. Además, a través de 24 transferencias bancarias, le depositó más de $7 millones.
Los viajes que realizó al extranjero, seis en total, también llamaron la atención. De acuerdo a la fiscalía, el ritmo de éstos no se condice con las ganancias lícitas que el imputado registró entre 2018 y 2019.
Este medio intentó contactar en reiteradas oportunidades a los abogados de Garcés Gallardo para conocer su versión de los hechos que se le imputan, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
El lavado de activos de Cifuentes Arias
Por su parte, la socia y representante legal de Luster y Compañía, Paola Cifuentes Arias, habría ocultado el dinero de cinco formas.
Según el Ministerio Público, la primera fue mediante una “sociedad pantalla”. Esto significa, que usó a Luster como fachada. En simple, mezcló la actividad económica lícita de la empresa con las ganancias de origen ilegal.
La segunda, fue mediante la compra de inmuebles. En concreto, Arias registra dos inmuebles adquiridos durante 2020. Uno de ellos costó un precio en UF equivalente a más de $204 millones.
La tercera consistió en que la mujer además compró cuatro vehículos, varios de alta gama, durante 2019 y 2020. Dos de ellos corresponden a automóviles Ford Mustang.
La cuarta manera fue mediante la transferencia de dinero -desde la cuenta de la compañía- a su cuenta personal ($29.187.000) y a la de familiares, específicamente a su esposo ($3.710.000) y a su hijo ($691.000). Todos los movimientos ocurrieron en 2018.
Finalmente, la quinta forma de ocultar el dinero, fue pagando diversos productos y servicios, aparentando la provisión de estos a Luster y Compañía Limitada.
Entre los movimientos, se detectaron pagos a QBO SOLUTIONS SPA, la compra de productos de aseo industrial y dos transferencias a una particular, cada una por poco más de $1,3 millones.
Los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, sin embargo, difieren con la postura de la defensa de la imputada, desde donde calificaron la situación como una “imputación injusta” del Ministerio Público.
En esa línea, argumentan que la Corte de Apelaciones de Concepción desestimó tanto el delito de fraude al fisco como el lavado de activos, puesto que -según detalla un documento de fecha 24 de marzo de 2022- “no existen antecedentes suficientes para dar por justificado dicho tipo penal”.
En el caso de Cifuentes Arias, la defensa sostiene que la empresa de su representada sí realizó las obras por las cuales recibieron remuneraciones. Todo ello, deberá dilucidarse finalmente en un eventual juicio.
El lavado de activos de Gerli Albornoz
Por su parte, Fabián Gerli Albornoz, socio y representante legal de Transportes Lusam Limitada; administrador y representante legal de Servicios e Inversiones Ormag Limitada y de Comercial Lusam Limitada, también intentó ocultar el origen del dinero, según la indagatoria.
El empresario, a diferencia de los otros imputados del crimen, sólo optó por dos formas para desviar la atención de sus ganancias: el uso de “empresas a papel” y el fraccionamiento y diversificación del dinero hacia su cuenta bancaria.
La primera consistió en usar las empresas mencionadas para aparentar un origen lícito del dinero. Sin embargo, la indagatoria reveló que ninguna de las compañías existen como tal. Es más, en el periodo investigado los únicos movimientos que registran corresponden a ingresos provenientes de la Municipalidad de Talcahuano, y todos condicen a obras no ejecutadas.
En tanto, la segunda forma para hacer lavado de activos fue fraccionar el dinero y depositarlo desde las distintas cuentas de las empresas, a su cuenta bancaria de Banco Chile. Todos los movimientos ocurrieron desde 2017 a 2019.
La Unidad de Investigación de BioBioChile contactó a la defensa del imputado, sin embargo, a petición del representado señalaron que por el momento no se referirán a la causa.
Por otro lado, el defensor de la imputada Claudia Orrego, quien era pareja de Gerli Albornoz, señaló que buscarán demostrar que ella no tuvo participación en el fraude al fisco.
Por los delitos detallados, Garcés Gallardo se encuentra en prisión preventiva, mientras que los empresarios recibieron la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para concluir la investigación del caso, que de ser comprobado, evidenciaría que los ciudadanos de Talcahuano han quedado una vez más, sin pan, ni pedazo.
LA VERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
Requeridos por este medio, desde la Municipalidad de Talcahuano salieron al paso de las numerosas irregularidades detectadas, tanto por Contraloría como por el Ministerio Público.
Con respecto los fraudes, la directora (s) jurídica de la casa edilicia, Alejandra Donoso, recordó que durante el tiempo que han durado las indagatorias, han iniciado sumarios administrativos, presentado denuncias y posteriormente querellas. Todo ello, con el fin de “perseguir las responsabilidades que correspondieran”.
“Luego del término de los sumarios se destituyó a una serie de funcionarios que tenían cierta responsabilidad administrativa en los hechos”, indicó. Esto, en relación a la primera arista “Cheques”.
Finalmente, argumentó que esperan que los procesos terminen “aplicando las penas más altas que procedan en estos casos, en atención a que lo que estuvo en juego fueron los recursos destinados a un área tan sensible como lo es la salud de los vecinos de esta comuna”.
Por su parte, la fiscal María José Aguayo enfatiza en que como ente persecutor les ha costado crear la “sensibilidad” en torno a las cautelares de los acusados. Confiesa que “es muy difícil dejar a los imputados de estas causas con prisión preventiva”, por lo que se requiere imprimir la gravedad de los hechos que configuran este tipo de fraudes en todos los niveles.
YOLA’S NIGHT CLUB
De vuelta a la primera arista: “Cheques”. Según pudo constatar la indagatoria, los dineros desfalcados por el jefe de Finanzas de la DAS a la fecha del ilícito, Alejandro Cabello Bustos, tuvieron un particular destino: la reapertura del Yola’s Night Club, el conocido cabaret de calle Balmaceda 725, Talcahuano.
La idea era su reinauguración después de varios años en el abandono. De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el funcionario ingresó al negocio en calidad de “inversor”. Otros dos conocidos suyos -su cuñado y un amigo de la infancia- figuraban como socios y administradores.
El local nocturno incluso debió ser visitado por los policías encargados de las diligencias. Fotos del lugar constan en la carpeta investigativa de la fiscalía.
Al respecto, el abogado de Cabello Bustos manifestó que el acusado ha colaborado para esclarecer los hechos y ha intentado reparar el daño causado. Argumentó que no adelantarán nada sobre el gasto en el local nocturno, hasta ver las pruebas que tenga el Ministerio Público.
Del resto del dinero que fue a dar a manos de los otros imputados, unos $400 millones, poco y nada se sabe. Ninguno de ellos incurrió en gastos fuera de lo común. Nadie compró automóviles y menos propiedades. Su paradero es un misterio que incluso llevó levantar mitos entre los investigadores. ¿Está enterrado? ¿Oculto en alguna caja fuerte?
Por esta arista “Cheques”, los exfuncionarios del DAS esperan el juicio en prisión preventiva, mientras que el civil, lo hará desde su hogar, donde cumple arresto domiciliario total.
Todos arriesgan hasta 27 años de cárcel, en caso de ser declarados culpables.
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