"Por inbox, bella": así opera el mercado negro de licencias que tiene a casi 1000 médicos en la mira
Como si de una pyme se tratara, aceitadas organizaciones dedicadas al mercado negro de las licencias médicas ofrecen sus servicios. La Unidad de Investigación de BioBioChile accedió a un informe interno que se hizo llegar a la Superintendencia de Salud. En él, se singulariza con nombre y apellido a casi una decena de facultativos que ofrecen los reposos a diestra y siniestra. Ellos, sin embargo, son sólo la punta de una hebra mucho más compleja. ¿Estrés agudo, trastorno de ansiedad, depresión o lumbago? Usted elige.
—Hola, quiero más información (…).
—Hola buenos días, ¿Qué previsión tienes?
—Fonasa, ¿Sirve?
—Sí, solo Fonasa estamos atendiendo.
—Comprendo, ¿Cuál sería el valor del trámite?
—11 días, 30 mil; 15 días, 40 mil; 21 días, 56 mil; 30 días 70 mil (…).
—¿Qué datos necesitaría?
—Nombre, edad, fecha de nacimiento, RUT, previsión, dirección, comuna, teléfono, email, nombre empresa, RUT empresa, días de licencia, fecha de inicio, diagnóstico.
—¿Y qué diagnóstico tiene disponible?
—¿Qué haces en tu trabajo? Explícame y hacemos un buen diagnóstico.
Así de fácil es conseguir una licencia médica fraudulenta en nuestro país. El extracto anterior es una transcripción textual del diálogo que -a modo de ejercicio periodístico- tuvo BioBioChile a través de WhatsApp con una de las tantas organizaciones que se dedican al negocio.
Ya no es necesario tener ‘el dato’ del médico que sin hacer muchas preguntas otorgue los días de reposo: basta apenas con una simple búsqueda en Facebook o Instagram para conseguir el documento.
Con la pandemia la oferta de licencias médicas fraudulentas subió como la espuma. Si bien el fenómeno no es nuevo, su crecimiento mantiene en alerta a distintas instituciones públicas y privadas del sistema de salud.
De acuerdo a información de Inmune -empresa que asesora a las isapres en esta materia- a la fecha se mantienen en trámite más de 350 querellas criminales en contra de médicos de todo el país por emitir licencias fraudulentas.
POR INBOX, BELLA
Como si de una pyme se tratara, aceitadas organizaciones dedicadas al mercado negro de las licencias médicas ofrecen sus servicios en grupos de venta o en el Marketplance de Facebook, aunque también mantienen perfiles de empresa en Instagram.
Así lo deja en evidencia una recopilación de antecedentes que hizo la Superintendencia de Salud, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Concretamente, el organismo fiscalizador detectó -después de recibir varias denuncias- que a través de distintos medios electrónicos se ofrecían y comercializaban los documentos sin atención médica de por medio.
Uno de los canales detectados para estos fines es el grupo público de Facebook “licencias Medicas” en donde abundan los perfiles falsos ofreciendo a inescrupulosos compradores entre 11 y 30 días de licencia ¿El precio? “Por inbox”.
EL MECANISMO
Según explican los propios captadores de clientes en los comentarios, en su mayoría se trata de “licencias médicas electrónicas para salud mental (…) completamente verificables” que pueden ser solicitadas tanto por afiliados del Fonasa como de isapres.
El engranaje contempla además diferenciarse de los estafadores que han sido “funados” en otras publicaciones, por lo que los vendedores “formales” ofrecen a modo de garantía que el pago lo realice el trabajador únicamente cuando su licencia ya fue emitida.
Los negocios se concretan a diestra y siniestra.
El caso de Chile.LicenciasMedicas es sencillamente descarado: promociona sus servicios y ofrece variados diagnósticos.
¿Estrés agudo, trastorno de ansiedad, trastorno del sueño, cansancio, depresión o lumbago? El comprador decide.
El modus operandi es siempre el mismo: el interesado debe contactarlos por mensaje privado y a través de esa vía se le solicitan sus antecedentes, los de su empleador y la cantidad de días de licencia médica que necesita.
Luego, se escoge un diagnóstico personalizado. Todo ello, según el área en que se desempeñe. Y listo. Se emite la licencia.
Así como esta, son decenas las páginas creadas para estos efectos también en Instagram buscando apuntar al público más joven.
EL “DOCTOR MUERTE”
Fuentes consultadas por este medio y la propia Superintendencia de Salud coinciden en que el boom del mal uso del instrumento sanitario vino de la mano de la pandemia de covid-19.
Así lo deja en evidencia la Isapre Consalud que en agosto de este año decidió hacer llegar antecedentes concretos sobre licencias fraudulentas al organismo fiscalizador.
En el correo electrónico que la Unidad de Investigación de BBCL tuvo a la vista, se da cuenta de una indagatoria que la aseguradora encargó a Inmune. Observadores en terreno de este último organismo visitaron ocho centros médicos de la región Metropolitana y constataron lo fácil que es conseguir los días de reposo.
Entre los lugares en los que el equipo de Inmune se dejó caer destaca uno en donde atendía un urólogo capitalino cuyo nombre no pasa desapercibido. Se trata de Robinson Pinochet Pollastri, quien hacia fines de la década de los 90 se hizo conocido por dos motivos.
Primero, durante 1998 por ser el primer médico en importar a nuestro país y distribuir el viagra. Mucho antes de que contara con los permisos del Instituto de Salud Pública (ISP).
Y segundo, porque al año siguiente el facultativo cobraría relevancia nacional no por la pildorita azul, sino que por protagonizar un triple crimen en la comuna de Las Condes. Incluso fue bautizado como el “Doctor Muerte”.
Problemas de convivencia motivaron que el 21 de marzo de 1999 el médico dejara su departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de Avenida Colón 3515 (Las Condes), para subir a uno emplazado en el sexto y asesinar al matrimonio Amar-Grez y a uno de sus hijos. Debió purgar 20 años de cárcel.
DE VUELTA A LAS LICENCIAS
Historia criminal aparte, Pinochet Pollastri ahora llegó a los ojos de la Superintendencia luego de que otorgara una licencia médica al observador de Inmune de manera irregular. Al menos así consta en el informe de la empresa encargada de verificar las denuncias.
Según el reporte, lo hizo el 4 de abril de este año en su consulta ubicada en Moneda 1040, comuna de Santiago.
“Se concurrió a la consulta del citado médico, previo agendamiento de hora. Una vez dentro de la consulta, se conversa con el facultativo y se le indica directamente los motivos de la concurrencia, indicándole que iba con la finalidad de solicitarle, dentro de lo posible, unos días de licencia médica, ya que debía concurrir al norte a solucionar un problema de índole familiar, accediendo este, otorgando una licencia médica”, se lee en el documento.
Este medio intentó contactarse con ese u otro centro de atención donde desempeña funciones Pinochet Pollastri, sin embargo, no fue posible.
SACAR A $40 MIL
Otro de los tantos médicos catalogado como “irregular” en los sistemas internos de Inmune es el psiquiatra titulado de la Universidad de Chile, Juan Pablo Cornejo Diez De Medina, quien atiende en el Centro Médico San Cristóbal de Paseo Estado 215, Santiago.
Consultada el 19 de julio de 2020 por la posibilidad de una licencia médica para realizar trámites personales, la recepcionista del lugar le indicó al observador de Inmune que tenían “sólo electrónicas”, por lo que si requería una manual el costo era de $40.000 y la emitiría un facultativo de nombre Mario Muñoz.
La Unidad de Investigación de BioBioChile requirió una respuesta en varias oportunidades al centro médico en cuestión, pero no fue posible establecer comunicación.
Mismo modus operandi replican otros médicos que figuran en los informes que se hicieron llegar a la Superintendencia de Salud: Lizney De La Hoz Orozco, Mario Dussuel Jurado, Samir Rivaldo Hernández, Sandra Paola Daza Rincón, Vannessa Bolivar Baron, Howard Jiménez Hernández y Sahid Romero García.
Todos ellos presuntamente habrían cometido una infracción a la Ley 20.585 y ahora la Superintendencia de Salud busca que el Ministerio Público los investigue. BBCL intentó conversar con ellos sin obtener respuestas.
DE ARICA A PUNTA ARENAS
Las licencias médicas fraudulentas no son exclusividad de la región Metropolitana. Según los registros de Inmune, los casos capitalinos forman parte de un universo de más de mil médicos que han incurrido en estas prácticas.
A nivel nacional más de 350 querellas criminales contra facultativos están siendo tramitadas, la mayoría en la región Metropolitana y en el Bío Bío, completando el listado O’Higgins, La Araucanía, Los Lagos, Tarapacá y Antofagasta como las regiones con mayor número de acciones legales.
En ese contexto, desde la firma explican a este medio que -en su calidad de asesores de isapres- han patrocinado alrededor de 100 de estas querellas.
Por otra parte, desde la publicación de la Ley 20.585 en mayo de 2012 a la fecha, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha cursado más de 900 sanciones administrativas ligadas a emisión de licencias sin fundamento médico.
Sin ir más lejos, en septiembre recién pasado el órgano fiscalizador sancionó a 109 facultativos sindicados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) como emisores fraudulentos.
VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL
Uno de los sancionados es Fredy Araya Garri, quien emitió 5.354 licencias entre enero de 2019 y septiembre de 2021, lo que equivale al pago de más de $1.739 millones en subsidios por incapacidad laboral, tal como lo reveló BBCL a comienzos de este mes.
En general, la sanción administrativa consiste en el pago de una multa de hasta 7,5 UTM (más de $400 mil) a beneficio fiscal, monto que se duplica en caso de reincidencia.
Además de multas en dinero, se puede sumar la prohibición de emitir licencias médicas por un plazo de entre 15 y 30 días. En caso de tercera reincidencia, un médico arriesga quedarse por un año sin poder dar reposo a sus pacientes.
Finalmente es en la justicia donde, de comprobarse un delito, el profesional puede ser objeto de la cancelación de su inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud.
PERJUICIO AL SISTEMA
Contrario a lo que se cree, cuando un trabajador presenta una licencia médica fraudulenta no sólo está provocándole pérdidas a su isapre o al Fonasa, sino que al sistema de salud en general.
En esa línea, el gerente legal de Inmune, Rodrigo Varela, asegura que se trata de una práctica que repercute indirectamente en las personas que legítimamente padecen alguna enfermedad y deben hacer reposo.
—Este delito afecta no solo desde un aspecto económico a todo el sistema de salud si no que a todos los chilenos. Y en especial, a la gente honesta y que realmente está enferma toda vez que genera una entendible desconfianza en las contralorías médicas, provoca ineficacia e ineficiencia al sistema y creando un círculo vicioso difícil de poder superar.
Por su parte, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, afirma que se trata de una problemática a la cual siempre están atentos.
—Por unas pocas personas que mal utilizan esta herramienta, no se puede permitir que se afecte a la gran mayoría de los profesionales y en especial a las personas usuarias, porque el pago de una licencia no justificada, finalmente afecta tanto al afiliado o afiliada a Fonasa o bien a una Isapre. Además de la afectación económica al Estado y a las aseguradoras privadas”, remarcó la autoridad.
ISAPRES SE QUERELLAN
En este contexto, en la última semana la Asociación de Isapres dio a conocer el balance consolidado del sector a septiembre de 2021, escenario que registra pérdidas durante el último año y donde el tercer trimestre “ha sido el más complejo desde su creación, sumando pérdidas por $138.088 millones”.
Lo anterior -indicaron- se debe al congelamiento de precios en los planes que aún está vigente, la judicialización y el “explosivo aumento” de las licencias médicas, entre las que se encuentran aquellas que se incorporaron por efecto del covid-19, no anticipadas y que fueron financiadas por las isapres.
“A esto se suma el creciente uso fraudulento de permisos que ha motivado la presentación de querellas por parte del Estado y las Isapres”, agregaron.
Por lo mismo, hacia fines de septiembre la Asociación presentó un total de nueve querellas, que involucran a 28 médicos de distintas regiones del país, con el fin que se investigue la emisión de licencias médicas sobre las cuales existen “fundados antecedentes” de actividades fraudulentas.
El listado incluye a profesionales identificados como altos emisores de licencias médicas otorgadas sin justificación y, en muchos casos, con antecedentes de irregularidades previas y/o vinculados directamente a su comercialización por redes sociales.
Si bien el universo de médicos que emite licencias médicas representa el 1,7% de los 58.117 facultativos inscritos en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud, el impacto económico en el sistema se calcula por sobre los 600 millones de dólares al año.
LA DISPOSICIÓN DEL COLMED
Las licencias fraudulentas han sido tema de discusión al interior del Colegio Médico. Así lo asevera José Peralta, presidente de la Unidad Defensa Laboral del Colmed.
—Estamos disponibles para avanzar en mejorar los mecanismos que regulen el ejercicio de la profesión y que eviten conductas indebidas. El retorno de la tuición ética, solicitada hace mucho, es una clara muestra de eso, porque nuestro Colegio y toda sus instituciones defenderán siempre el buen ejercicio de la profesión médica. Y por eso cuando se cometen actos como el uso indebido de una licencia médica somos los primeros en reprobarlo con firmeza.
Dicho eso, Peralta cuestiona la actitud de las aseguradoras.
—Frente a la situación de las querellas presentadas por las isapres, nos hemos reunidos con distintas áreas de la administración del Estado para recalcar nuestra disposición a avanzar en mejorar los mecanismos de fiscalización y en realizar acciones efectivas contra los profesionales que hacen un mal uso de las licencias, pero también hemos mostrado nuestro rechazo ante acciones que nos parecen intimidatorias y con débiles fundamentos.
En esa línea, agrega:
—Pareciera ser que buscan principalmente amedrentar a un gremio que permanentemente está buscando trabajar con los más altos estándares éticos y apegados al correcto ejercicio profesional.
De acuerdo a la legislación vigente, tanto el facultativo como el paciente falso involucrado arriesgan condenas efectivas de cárcel que van desde los 61 días a los tres años.
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