Presentan querella contra militar que disparó a evasor del toque de queda en Punta Arenas
Con la firma del director regional, Cristián Figueroa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló en contra de todos quienes resulten responsables de las lesiones graves que sufrió V.J.R., quien recibió un impacto de bala tras evadir un control militar durante el toque de queda.
El organismo será parte querellante del caso que tiene como único imputado a un teniente del Ejército. Acusan que el efectivo incumplió el reglamento sobre el uso necesario de la fuerza.
El teniente Jurgen Lamig Prieto, presuntamente, usó su arma de servicio y disparó a la joven víctima de 25 años. Hoy se encuentra con arresto domiciliario nocturno mientras es investigado por la Fiscalía.
Los hechos habrían ocurrido el 26 de mayo, al costado de una plaza de juegos infantiles ubicada en el Loteo Ovejeros. Mientras los militares fiscalizaban un vehículo estacionado en una calle aledaña, otro móvil irrumpió en la calzada.
Aunque los efectivos hicieron señas para que se detuviese, el conductor no detuvo la marcha y el teniente Lamig Prieto desenfundó su pistola Beretta de 9 mm. “Apuntando directamente hacia el vehículo”, según la querella que indica que disparó en siete ocasiones.
Una de las balas concluyó en la zona lumbar del conductor. Personal del SAMU tuvo que trasladarlo al hospital, donde constató una fractura en la vértebra y una perforación de recto, entre otras lesiones. Desde el INDH indican que continúa en recuperación.
Violencia innecesaria
En su acción legal, el organismo de derechos humanos cuestiona la proporcionalidad con que actuó el funcionario para detener el móvil. Aunque el Ejército tiene atribuciones para detener, registrar y desarmar a civiles, el teniente habría incumplido el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) de las Fuerzas Armadas.
“La acción de haber disparado en siete oportunidades un militar a un vehículo en movimiento, con riesgo cierto de causar daño al conductor, sin que se acredite una legítima defensa, no se encuentra autorizada por ninguna de las reglas sobre uso de la fuerza”, argumenta el organismo.
Al igual que la Fiscalía, el INDH considera que se habría incurrido en un delito de violencia innecesaria. En la querella se solicita que el Ministerio Público llame a declarar a los funcionarios que participaron del operativo y que se reconstituya la escena.
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