Hemos visto muchos videos donde se ve un deterioro físico, debemos averiguar si su salud es o no compatible para la alta responsabilidad que tiene, el país tiene el derecho a saber si su Presidente se encuentra o no apto para seguir gobernando por sus propias competencias, pero también por su estado de salud mental”
Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, diputados de la bancada de la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), decidieron abrir una senda constitucional nunca explorada en la historia.
En concreto, le pidieron a la mesa del Senado aclarar cómo se puede inhabilitar al Presidente de la República ante impedimentos físicos o mentales, ya que el artículo 53, N°7 de la Constitución señala que es una atribución exclusiva de la Cámara Alta “declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla”.
Lo anterior, puesto que -si bien la carta magna lo señala- no existe un procedimiento establecido para llevar a cabo ese mandato constitucional, particularmente en relación a cómo deben expresarse concretamente dichos impedimentos, su tramitación, y el quórum que requiere para ser aprobado.
Ante dicho planteamiento, expuesto en la sesión del martes al presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), la Cámara Alta encargó un informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que estudie el camino adecuado para aplicar -eventualmente- ese mandato constitucional.
Tras realizar con éxito la petición, Esteban Velasquez, jefe de bancada de la FRVS, aseguró “que el Presidente ha tenido actitudes muy erráticas. Hemos sido todos testigos de aquello. Declaraciones y expresiones tremendamente desastrosas que más bien promueven y crean climas de beligerancia”, advirtió.
Por esa razón, Jaime Mulet, diputado de la misma colectividad, explicó que detrás de la solicitud hay algo más: están estudiando una propuesta que busca una salida institucional; es decir, “que haya elecciones adelantadas de presidente y parlamentarios”. Una idea que, hace unos meses, ya había surgido desde el Frente Amplio, particularmente desde Gabriel Boric (CS).
A la ofensiva del FRVS ya se había sumado el martes también el senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier: “No queda otro camino creo yo. Es lo más razonable porque cualquier chileno sensato se da cuenta que esto no resiste dos años… y (deben ser) elecciones generales”, indicó el parlamentario al programa Marca Registrada de CNN Chile.
Y el miércoles también lo hizo el senador Alejandro Navarro. “Hemos visto muchos videos donde se ve un deterioro físico, debemos averiguar si su salud es o no compatible para la alta responsabilidad que tiene, el país tiene el derecho a saber si su Presidente se encuentra o no apto para seguir gobernando por sus propias competencias, pero también por su estado de salud mental”.
“Vamos a ayudar a Sebastián Piñera desde el Senado, vamos a tener listo el mecanismo para cuando el Gobierno tome el camino de la sensatez y decida su salida”, añadió el parlamentario.
En un tono categórico, el más duro fue el diputado Gabriel Ascencio (DC), quien derechamente tildó a Piñera de “inepto” e incluso apuntó que el Mandatario tiene “una incapacidad ética para gobernar un país”.
“Petición antidemocrática”
Naturalmente, la propuesta no cayó bien en el oficialismo y particularmente en el Gobierno, según dejó entrever el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Si bien admitió que “es un procedimiento que está contemplado en la Constitución”, acusó que la acción “ratifica que hay algunos parlamentarios, pocos, porque es una cosa que no representa a una mayoría ni mucho menos, que al final lo que quieren es obstaculizar las acciones que está impulsando el Gobierno para ir avanzando en la superación de esta crisis”.
En la misma línea, el ministro Segpres, Felipe Ward, reclamó que la solicitud “no es una petición democrática. No es una petición que responda al mandato ciudadano que se le entregó al Presidente de la República en virtud de la Constitución, de las leyes vigentes y de la mayoría ciudadana. Es una actitud poco seria de algunos parlamentarios”, aseguró.
TC, quórum simple y antecedentes médicos
De acuerdo a Felipe Harboe, presidente de la comisión encargada de elaborar el informe, no existe “precedente en nuestro derecho constitucional”, por lo tanto se revisará “la legislación comparada, ver si es que hay casos similares y a partir de eso proponerle a la Sala del Senado un procedimiento arreglado para eventuales requerimientos de esta naturaleza”.
Asimismo, explicó que en una primera instancia se había fijado un plazo de 30 días para la elaboración de ese texto, pero considerando que no existen antecedentes en Chile se debería concluir en mayo.
Lo que está medianamente claro hasta ahora es que la vía para inhabilitar al Presidente exige un informe del Tribunal Constitucional, quórum simple y antecedentes médicos.
No obstante, si bien Quintana dio luz verde a la solicitud de la bancada FRVS, admitió que él ha visto en buenas condiciones físicas y mentales al Mandatario. “Lo he visto con buenas facultades. Ahora, con las mismas facultades, ha hecho un gobierno desastroso. El peor Gobierno de los últimos 30 años. Y, por lo tanto, lo que el Gobierno debiese hacer es dar un giro en 180 grados en la manera como está conduciendo el Gobierno”, aseguró.
