Tras reunirse con la Presidenta Elisa Loncón y el Vicepresidente Jaime Bassa, la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, remarcó la presencia de una mujer mapuche en la Mesa Directiva. Junto con ello, descartó que esta visita sea en pos de “interferir” en el proceso, como rezó un comunicado que circuló con la firma de 13 constituyentes.
Más de una hora duró la reunión entre la Presidenta y Vicepresidente de la Convención Constitucional y una delegación de la Unión Europea, liderada por la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta entre la Unión Europea y Chile, la diputada española Inmaculada Rodríguez-Piñeiro.
El diálogo fue llevado a cabo en el ex Congreso Nacional, y se compartieron experiencias en torno a derechos humanos, representatividad y equidad de género. Asimismo, uno de los objetivos fue comentar la modernización del Acuerdo de Asociación Chile- Unión Europea.
Otros cuatro eurodiputados y eurodiputadas estuvieron presentes: de España, Leopoldo López Gil y María Soraya Rodríguez Ramos; de Luxemburgo, Marc Angel; y de Países Bajos, Samira Rafaela. La conversación fue en español y quienes no hablan la lengua se apoyaron de intérpretes.
Una vez finalizada la tertulia, Rodríguez-Piñeiro conversó con los medios de comunicación y se mostró satisfecha, además de ratificar el interés que tiene tanto la Unión Europea como el mundo en el proceso constituyente chileno, calificándolo como “un referente” y “un ejemplo para el mundo”.
Junto con esto, remarcó la presencia de la Elisa Loncón en la testera, además de la inclusión de escaños reservados y la paridad de género con la que cuenta el órgano: “Que sea una mujer presidenta mapuche una clara señal a lo que apuesta la sociedad chilena para la renovación a futuro, y que haya una paridad total entre sus miembros entre hombres y mujeres, y que haya asignación de asientos para los pueblos originarios, sin duda”.
Polémica
En tanto, hasta el cierre de esta nota, 13 convencionales constituyentes de Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblo Constituyente firmaron un comunicado del “Colectivo No al TLC UE-Chile”, que expresó descontento con la visita de la delegación parlamentaria europea.
“Nos parece alarmante que la Unión Europea con expresa intencionalidad de lograr la firma del Acuerdo de Asociación modernizado presione no solamente al gobierno chileno sino también a la Convención Constitucional”, rezó el escrito.
Y sumó que “si la nueva constitución al ser puesta en práctica interfiere con los intereses de los inversores europeos, éstos podrán demandar al Estado chileno ante cortes internacionales privadas y exigir cuantiosas indemnizaciones”.
Ante esta declaración, Rodríguez-Piñeiro se mostró sorprendida: “No hemos venido a interferir nada. Chile es una sociedad madura, democráticamente muy avanzada que está viviendo su proceso constituyente. A lo que hemos venido es a acompañar y conocer este proceso”.
“En Europa estamos también acometiendo reformas, y para nosotros también es importante conocer cómo se está llevando aquí ese proceso de reformas, con la participación de todos. Si conocer es interferir, yo creo que no se tiene mucho conocimiento de lo que significa esa palabra, ¿no?”, expresó la parlamentaria por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE.
Y finalizó remarcando que desde la Unión Europea no están contempladas ese tipo de sanciones respecto a las decisiones que se tomen en el proceso constituyente: “Chile es un país soberano, y la Unión Europea jamás interfiere en las decisiones soberanas de un país. Lo que puede hacer es establecer sanciones si hay incumplimientos a los principales derechos humanos”.
Y ejemplificó: “Lo hemos hecho con China. A quienes han estado infringiendo los derechos humanos con trabajo forzoso, por ejemplo, se les ha identificado y se les ha impuesto una sanción, que se basa en la prohibición de que puedan venir a la Unión Europea. Pero eso no es, en absoluto, poner una sanción a quién decida cómo quiere que sea su constitución”.
En tanto, la convencional Vanessa Hoppe, de MSC, justificó su firma, y argumentó que personalmente no se opone al diálogo o a los acuerdos de “justo comercio” entre Chile y la Unión Europea, “sino que no me parece prudente que en el contexto de la creación de una nueva carta fundamental se reciba a representantes de países cuyas multinacionales han históricamente hecho usufructo de nuestras riquezas naturales, en detrimento de las personas que habitan los territorios desde donde se sacan esos recursos”.
