El 1 de mayo de 2017 una roca gigante cayó sobre el auto en que viajaban Patricio Vistoso (35) junto a su pareja, Loreto Ibáñez (34) en la Carretera Austral. Ambos murieron casi al instante por el impacto y las lesiones. Kilómetros más al norte, dos niños, de 1 y 3 años de edad, quedaban sin sus padres. Lo que parecía un accidente por culpa de la naturaleza da paso hoy a una formalización por cuasidelito de homicidio por las aparentes negligencias en las obras que se ejecutaban en la ruta. La historia la recopila la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Después de 4 años y tras una querella criminal, una demanda de indemnización de perjuicios y una jueza removida, se realizará este miércoles la audiencia de formalización por el cuasidelito de homicidio de Patricio Vistoso y Loreto Ibáñez, una joven pareja dedicada a la tecnología médica que murió en la Carretera Austral, luego que una enorme roca cayera sobre el auto en que viajaban.
Fue el 1 de mayo de 2017, cuando Patricio conducía por la región de Aysén junto a su pareja Loreto. Ambos murieron casi instantáneamente. En Curicó, al cuidado de sus abuelos, dos niños de uno y tres años llorarían la pérdida de sus padres.
Lo que en un principio parecía un accidente por culpa de la naturaleza, terminó dando paso a la formalización por un cuasidelito de homicidio de los jefes de obras de dos empresas a cargo de faenas de mejoramiento y ensanchamiento de la ruta.
Las pruebas, que son parte de la causa judicial, concluyen -de momento- que no se realizaron medidas precautorias de seguridad, incluyendo una ignorada alerta preventiva de la Onemi.
A lo anterior se suma que ese mismo día estaba agendada una celebración por el día del trabajador, lo que habría “relajado” las precauciones básicas para un tránsito vial seguro.
La familia de las víctimas, representada por su abogado Rafael Poblete, apunta a tres responsables: la seguridad vial de las obras, la empresa Besalco -encargada del mejoramiento de ruta-, y Creaxxion-Len, la empresa consultora que asesoró a la Inspección Fiscal.
El Día del Trabajador
Esa noche llovía. De esas lluvias que solo ocurren en el sur y que hacen escasear la visibilidad. La Onemi había decretado alerta temprana preventiva, lo que significaba dos cosas: suspender el tránsito y poner señaléticas de advertencias. Ninguna de las dos se respetó, pese a que estaban realizando los trabajos en la Ruta 7, conocida como Carretera Austral, en el sector Las Pulgas de Puerto Cisnes.
Ese día coincidió que fue lunes 1 de mayo. Día del Trabajador. Feriado. Los operarios de la empresa Besalco terminaron sus funciones al medio día. De acuerdo al abogado Poblete, la parrilla estaba encendida y la carne asándose esperaba a todos para celebrar el descanso obligatorio.
El ambiente festivo fue -en base a lo que se lee de la demanda- un posible influyente para “relajar” las medidas de precauciones para los automovilistas. Pero en la práctica, no hubo relajo, sino que simplemente no se tomó ninguna medida de seguridad. El conjunto de ocho fotografías del parte policial de esa noche lo confirman drásticamente: calzada en mal estado por trabajos en la vía, lluvia, visibilidad escasa y señalética inexistente.
Pese a las malas condiciones climáticas, Patricio y Loreto manejaban rumbo a la región de Aysén. Vivían en Valparaíso, pero desarrollaban operativos oftalmológicos en zonas rurales del sur. Era un emprendimiento familiar, que habían levantado juntos: él con estudios de ingeniería y ella como tecnóloga médica con mención en oftalmología. La pareja gozaba de una vocación al servicio de la comunidad.
El viaje llegó hasta el kilómetro 210. A las 19:30 horas, una roca -de una tonelada y media aproximadamente- se desprendió desde unos 40 metros de altura encima del vehículo. El techo rojo del Kia Station quedó destruido, igual que su interior. La doctora de turno decretó sus muertes a las 23:50 en la posta rural de Puyuhuapi. El certificado de defunción de Loreto consigna lo siguiente: “Traumatismo cráneo encéfalo abierto”.
No se adoptaron las medidas
Para entender la relación de las empresas en este incidente hay que remontarse a agosto de 2016. La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), adjudicó a Besalco una licitación pública por más de $11 mil millones. La idea era mejorar la Ruta 7 en dos etapas, en un plazo de 480 días corridos.
El objetivo era ensanchar la ruta realizando movimientos de tierra, perforaciones, detonaciones y -según contrato- remover el material desprendido o inestable.
A 30 días de ocurrido el accidente, el abogado y exdirector nacional del Sernageomín, Rodrigo Álvarez, interpuso un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Coyhaique en contra del MOP. La denuncia se enfocó en los numerosos rodados que, coincidentemente, ocurrían casi todos en Puyuhuapi.
Su petición era simple: adoptar medidas de seguridad vial y asegurar conectividad de usuarios de la ruta 7.
Dos meses después, la Corte rechazó el recurso por dos razones: antes de licitar las obras se realizó un estudio geológico y las medidas de seguridad ya estaban cumplidas. Sin embargo, el estudio de terreno mencionado por la justicia data de 2006 y abarca varios kilómetros, pero no específicamente Puyuhuapi, la zona del accidente.
Pese a todo, otro accidente ocurrió el 6 de junio de 2017. Ese día, hubo un nuevo desplazamiento e involucró a un subcontratista de Besalco. En la misma rampa donde cayó la roca, una excavadora comenzó a caer y terminó en el mar. El trabajador alcanzó a ser alertado segundos antes, o de lo contrario, esta historia sumaría una tercera víctima fatal.
Este último hecho hizo que el fiscal a cargo reabriera la investigación del primer accidente fatal. Las primeras conclusiones fueron:
Informe Técnico de la SIAT: “Causa basal del accidente, no mantener medidas de mitigación a fin de evitar deslizamientos de tierra y roca (…) no se adoptaron medidas de mitigación frente a un mal tiempo declarado (…) no fue suspendido el tránsito (…) no existía señalética de peligro ni advertencia ‘zona de derrumbes’, ni malla de seguridad, sumado a que era un sector rural, sin alumbrado público”.
Un caso fortuito
La investigación iba viento en popa, hasta que una nueva fiscal llegó al mando. Su conclusiones -basadas en otro informe policial- fueron que “se trataría de un caso fortuito generado por múltiples factores, entre ellos la naturaleza climática (sic), y no sería posible determinar responsabilidad penal en personas determinadas”. Estampó su firma en una solicitud de sobreseimiento definitivo.
La fiscal fue removida de la investigación y acusaron falta de prolijidad. La causa la retomó a fines de 2018 el primer fiscal a cargo. Este último encomendó todas las pericias faltantes, incluido un nuevo informe geológico.
Las conclusiones son reveladoras. El mismo día del accidente se realizaron tronaduras y perforaciones. Quien las realizó no poseía la licencia vigente para el manejo de explosivos. El accidente fue en un sector sin iluminación y señalización. Como aconteció un feriado, no se cumplieron los protocolos de evaluación diaria del entorno y los trabajadores se retiraron a un almuerzo, sin dejar un equipo de respuesta inmediata.
El peritaje geológico evidenció que hasta la fecha del incidente no se había realizado la limpieza de la faja, es decir, existía material suelto y una cornisa conformada por grandes bloques de roca provenientes de la excavación.
El informe remata estableciendo que “este peritaje descartó cualquier caso fortuito, pues en la zona no se producen de manera natural deslizamientos de madera (…) en el sector se realizó una rampa que no cumplía con los estándares de buenas prácticas de manejo de material procedente de la excavación”.
En otros términos, una de las causas principales del accidente es que no se realizó el desquinche, es decir, provocar la caída controlada de rocas sueltas y evitar desprendimientos inesperados.
El abogado querellante, Rafael Poblete, explica a BioBioChile que ocurrió algo verdaderamente grosero.
— “Los trabajadores declararon que ellos no hacían el desquinche, sino que esperaban que las rocas cayeran de forma natural por las lluvias”.
Ese trabajo no realizado era obligación por contrato. El MOP, con el apoyo de la empresa fiscalizadora Creaxxion-Len, debían revisar que se ejecutara correctamente. Era su responsabilidad contar con equipos de señalización vespertinos y nocturnos, además de mantener un equipo de reacción permanente en obra.
— “Ninguno cumplió adecuadamente su labor. Habría bastado que uno de los tres hubiese advertido el riesgo, y tenían la obligación de hacerlo, para prevenir la tragedia que pasó”, asegura el abogado.
Justicia inconclusa
En julio de 2018, el Juzgado de Familia de Curicó otorgó el cuidado personal de los dos menores a sus abuelos maternos: Pedro Ibáñez y Edita Cisternas. Tres meses después, Ibáñez quedó como su tutor legal.
— “Hoy día después de un largo camino, estamos llegando casi al fin de esta trágica y dura ruta, que nos ha tenido como familia con un dolor inmenso”, expresa Pedro.
La familia es enfática en exponer que, más que dinero, quieren justicia. Declaran que han tenido altos y bajos en el proceso investigativo y que les ha costado mucho porque pelean contra grandes empresas. Pero se mantienen positivos.
— “Espero que por favor se haga justicia, porque no queremos que otra familia viva el mismo dolor que nosotros hemos vivido durante todo este tiempo. Queremos que este sea el principio de fin”, confiesa María Paz Ibáñez, hermana de Loreto.
Este miércoles será la audiencia de formalización contra 5 trabajadores, entre ellos jefes de terreno, prevención, supervisores de minería y obras de las empresas Besalco y Creaxxion-Len, por el cuasidelito de homicidio.
Besalco respondió a BioBioChile escuetamente que “se trató de un terrible accidente, que nuestra compañía lamenta profundamente y respecto del cual ha entregado toda la colaboración a las autoridades respecto de la investigación de sus causas”. Referentes a los hechos, no entregarán información adicional por ser una investigación judicial en curso.
A la fecha, el trabajo sigue inconcluso y ese sector del camino sin pavimentar.
El abogado medita una situación que ocurrió días después de que la joven pareja muriera.
— “El jefe de Asesoría de la Inspección Fiscal renunció al cargo por temor a morir. Dijo: ‘tengo miedo, si los derrumbes son habituales e inevitables. Tengo miedo de morir yo"”.
