Un comerciante dedicado a las máquinas tragamonedas recurrió a la justicia para recuperar 23 millones de pesos en efectivo que fueron incautados por la policía. Todo ello, en medio de un operativo que permitió la caída de una banda narco con redes en México. Según él, los dineros provienen de su negocio y que fueron obtenidos de manera legal. Su petición está por verse.
Cuando Carabineros allanó el inmueble de calle Casiopea en Pudahuel, durante un megaoperativo por la “Operación Jalisco”, se llevó casi 23 millones de pesos. Estaba en efectivo y repartido en divisas: la mayor tajada en moneda nacional y otra menor en dólares.
Dinero sonante y contante que fue rápidamente atribuido al tráfico de drogas y vinculado a los integrantes de la banda trasnacional. En efecto, tres de los nueve imputados justamente trabajaban en la casa donde la policía se dejó caer. Un cuarto acusado incluso residía allí.
Pero la investigación dio un giro.
Tres meses después de la caída del grupo que pretendía internar 21 millones de dólares en estupefacientes, Roberto Zevallos, el propietario de la vivienda allanada, presentó un reclamo ante la justicia.
¿La razón? Acusa que los dineros incautados en medio del procedimiento no eran de los narcotraficantes sino suyos, y que él poco y nada tenía que ver en el entuerto.
Los argumentos de Zevallos salieron a la luz luego de que, a mediados de este mes, su abogado presentara una tercería de posesión que se acompañó al expediente judicial del Juzgado de Garantía de San Antonio, donde se sustancia la causa.
En el documento al que accedió BioBioChile, el comerciante de origen peruano pide que se le devuelvan los dineros. Según explica, éstos provienen de su giro comercial de máquinas de juegos de azar y tragamonedas.
De hecho, de acuerdo a lo que se desprende del escrito, el “negocio” operaba en el domicilio de su propiedad y como éste daba frutos, contrató a Jehyzon López, Edhey Quispe y Sonyis Aquino.
Esta última incluso mantenía residencia en el lugar, al igual que Andrix Aquino, quien llegó a vivir a la residencia casi un mes y medio antes del decomiso. Zevallos le arrendaba un cuarto, explica en su acción legal.
Coincidencia o no, todos ellos resultaron ser -de acuerdo a la investigación de la fiscalía- miembros de la banda criminal. Andrix, incluso, es sindicado como el líder de la banda que mantenía operaciones en el país del norte.
De ahí que, cuando la policía se dejó caer en la casa de Pudahuel, se llevara el dinero supuestamente propiedad de Zevallos.
SU SUELDO
SU SUELDO
Según expresa la acción judicial, los billetes provenían de su trabajo como comerciante, algo que -afirma- se puede constatar en los documentos de la carpeta tributaria emanada desde el Servicio de Impuestos Internos.
Sumado a eso, asegura que también posee patentes comerciales, escritura pública de compraventa del inmueble y contratos de trabajo.
“Se puede llegar a la conclusión lógica y prudente, de que dichos dineros tienen un origen de carácter lícito y que mi mandante es un legítimo propietario (…)”, se lee en el libelo.
En esa línea, Zevallos añade que no tiene vinculación con los hechos investigados, ni fue móvil para la comisión del delito, aunque no da luces de cómo se conoció con los imputados ni si existía una relación más allá de la laboral.
Con todos estos antecedentes, ahora deberá ser la justicia la que determine si los dineros son devueltos o no. La audiencia está agendada para el 10 de diciembre, instancia en la que también se revisará la prisión preventiva de los imputados.
