Instituciones financieras argumentaron que la iniciativa contenía puntos "inconstitucionales".
Sin embargo, tras la determinación del Tribunal Constitucional, sólo falta que esta medida sea publicada en el Diario Oficial para entrar en vigor.
En detalle, y con la ley (20.009), la bancas chilenas debería responder a sus clientes en todo escenario de fraude entorno a las tarjetas bancarias; y se le impondría devolver o restituir los fondos al afectado en un plazo máximo de siete días hábiles.
"Los bancos tendrán absoluta responsabilidad en los fraudes que afecten a los usuarios, eximiendo a los comercios y sus clientes. Igualmente se asigna responsabilidad a los bancos, en casos de fraudes relacionados con transferencias electrónicas", afirma el proyecto original que estaba en manos del Senado.
Y además añade: "Apenas el usuario detecte algún movimiento fraudulento, debe avisar a su banco inmediatamente. El emisor deberá bloquear -de manera inmediata- la tarjeta u otro medio de pago donde se detectó la operación no autorizada".
Este fue el argumento de algunos Bancos Chilenos
El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, argumentó que en su momento que este proyecto tenía "evidentemente elementos de inconstitucionales".
"Los bancos tenemos la obligación de entregar productos que cumplan eficazmente su objetivo, tenemos la obligación de elevar todos los niveles de seguridad posible, y nuestros clientes también tienen la obligación de hacer un uso responsable de esos productos”, dió su opinión José Manuel Mena presidente de ABIF.
