La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) salió al paso de la polémica que generó el oficio que envió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones (SP) solicitando los datos de los afiliados que retiraron el 10% de sus fondos de AFP.
Según consignó La Tercera, fue en una minuta de 11 páginas que la Segpres dio sustento jurídico a la petición ministerial, señalando que al menos una decena de instituciones públicas han solicitado datos con RUT al organismo regulador.
Entre ellas, apunta a la Dirección de Presupuestos (Dipres), una de las más asiduas en pedir este tipo de información en los últimos 10 años.
El senador PPD y miembro de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe, respaldó esta defensa, aunque con matices, siempre y cuando los datos requeridos sean “anonimizados” y con fines estadísticos.
Su par en la Cámara de Diputados, el socialista Leonardo Soto, apuntó que los argumentos esgrimidos por la Segpres no se ajustarían al requerimiento del ministro Briones, toda vez que no existiría una disposición general que permita el acceso a estos datos personales.
Esto último, en referencia a la ley que otorga un reajuste de remuneraciones del sector público.
Mientras que en Chile Vamos el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, desdramatizó este hecho asegurando el correcto uso de los datos requeridos por Hacienda.
De acuerdo a la Secretaría General de la Presidencia, otras de las instituciones que han solicitado información nominada, es decir con RUT a la Superintendencia de Pensiones, son el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Registro Civil y la Subsecretaría de Previsión Social.
