Sugeridos:

El poder fantasma: empresario coreano denuncia a asesor de Fiscalía por apropiarse de $200 millones

El Ministerio Público deberá investigar a uno de sus propios funcionarios, luego de que un empresario coreano acusara a un abogado asesor de la Fiscalía Regional del Maule de defraudarlo en más de 2...

El Ministerio Público deberá investigar a uno de sus propios funcionarios, luego de que un empresario coreano acusara a un abogado asesor de la Fiscalía Regional del Maule de defraudarlo en más de 200 millones de pesos. De acuerdo al escrito, el profesional y otros dos cercanos aprovecharon la lejanía con el país asiático para simular documentos y así concretar el engaño. Uno de los involucrados fungía como abogado de quien hoy denuncia los hechos: "Personalmente al tener un pobre dominio del español, fue muy difícil y a veces imposible entender lo que estaba pasando en las causas (...) Sentí que estaba siendo defraudado por un fantasma", se lamenta hoy el denunciante. La historia es de la Unidad de Investigación de BioBioChile.

 

Un exfiscal del Ministerio Público, actualmente abogado asesor de la Fiscalía Regional del Maule, podría terminar en el banquillo de los acusados por una denuncia criminal que presentó en su contra un empresario coreano. Le acusan de falsificar documentos para rematar dos propiedades y apropiarse fraudulentamente de los $200 millones resultantes de la transacción, pese a que los inmuebles estaban avaluados comercialmente en $600 millones.

La acción penal -a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile- fue ingresada directamente en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en busca de que se inicie una investigación en contra del abogado de profesión, Carlos Olivos Muñoz, y otros dos colegas suyos, por los delitos de uso malicioso de instrumento público y prevaricación.

El denunciante es Choon Sik Park, un empresario oriundo de Corea del Sur que a comienzos de la década de los noventa se radicó en Chile buscando nuevos horizontes para invertir. Todo terminó mal.


La venta de acciones

Según se desprende de la demanda, el 30 de octubre de 1990 Choon Sik Park celebró un contrato de compraventa con la empresa coreana “Dong Seon Special 2 Material Co. Td”, representada entonces en Chile por Doo Jin Choi.

El acuerdo contemplaba el pago de poco más de 1,3 millones de dólares (más de mil millones de pesos chilenos a la fecha) en 12 cuotas que se dividirían en 5 años, estableciéndose que el protesto de cualquiera de las cuotas habilitaba a la empresa vendedora a protestar el resto de ellas, sin importar sus fechas de vencimiento.

Sin embargo, agrega la denuncia, en 1992 la empresa vendedora “Dong Seon Special 2 Material Co. Td” dejó sin efecto el contrato, argumentando que Doo Jin Choi no tenía la representación legal de la sociedad dueña de las acciones y por tanto no podía transferirlas.

En ese escenario se resolvió entre las partes suscribir un segundo contrato por un nuevo precio, acordándose, además, otorgar un poder especial a otro ciudadano coreano, Seun Jin Oh Kim, que representaría a la sociedad en cuestión.

Seis años más tarde, en 1998, es donde entra por primera vez en escena Carlos Olivos Muñoz. Ese año, se acusa que el abogado presentó un mandato falso de la sociedad coreana para reclamar una deuda que no le correspondía junto a dos colegas suyos que también figuran como demandados: Belisario Prats y Alexis Paiva Paiva.

Este último hasta unos años antes fue el abogado de confianza del empresario asiático, razón por la que se le acusa de haber cometido el delito de prevaricación que según el Código Penal castiga hasta con la inhabilitación perpetua al “abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos”.

Así las cosas, la maquinación -apunta el escrito- le permitió al trío de juristas varios años más tarde, en 2013, materializar el remate de dos propiedades del empresario oriental ubicadas en Lo Barnechea y hacerse de $204 millones, pese a que los inmuebles estaban avaluados en tres veces ese monto.

Una de las propiedades rematadas | Cedida

El abogado patrocinante de la demanda, José Antonio Villalobos –del estudio PFV Abogados y quien hasta 2017 fungió como fiscal de delitos de alta complejidad en la Fiscalía Metropolitana Oriente-, detalla este primer episodio.

—Olivos, en conocimiento de este supuesto crédito a favor de la acreedora, presentó un mandato falso de esta sociedad coreana, la que no había iniciado ninguna gestión a 8 años de una supuesta deuda impaga y ad portas de un proceso de quiebra en ese país, para reclamar una deuda que no le correspondía, con el único objeto de lucrar de esta manera con el fraude procesal que diseña y lleva a cabo junto a los otros denunciados.

Lea la denuncia

El mandato

En la demanda se indica que Olivos, junto a otro abogado de origen coreano que conoció mientras estudiaba Derecho, elaboraron un documento desde el país asiático, consistente en un supuesto mandato.

En dicho instrumento ideológicamente falso, de acuerdo al abogado patrocinante de la causa, presentado por la sociedad Dong Seon Special Material Co. LTD., figura el nombre de una persona que nunca había comparecido por la sociedad coreana.

—Nadie sabe quién es y aparece arrogándose una representación falsa, ya que no existía deuda ni sociedad alguna, en la tramitación del proceso civil seguido ante el 9º Juzgado Civil de Santiago y pese a tener cabal conocimiento que la empresa no existía en la República de Corea —relata Villalobos.

Esto derivó, plantea el profesional, en la acción judicial que el 18 de junio de 2013 dio paso al remate de las propiedades y donde los abogados concertados solicitaron el giro al tribunal y se apropiaron indebidamente de los dineros.

 
La actuación dolosa de los querellados, queda de manifiesto en que con pleno conocimiento del contenido ideológicamente falso del supuesto mandato judicial y de la inexistencia de la supuesta mandante en Corea, y su lejanía con nuestro país para verificar dicha situación, los querellados lograron llevar adelante un juicio ordinario para cobrar créditos de una empresa inexistente tal como se ha expresado, para utilizar en su beneficio las resultas de un remate de las propiedades de mi representado, quedándose en su beneficio con más de 204 millones de pesos, con pleno conocimiento de la inexistencia de la poderdante. Y del hecho de encontrarse caducados y cancelados sus poderes.
- Extracto de la denuncia

Las pruebas

Choon Sik Park y sus abogados presentaron una serie de evidencias al juez civil para evidenciar el engaño, entre las cuales están los documentos de la República de Corea del Sur que dan cuenta que la empresa “Dong Seon Special” se declaró en quiebra, fue intervenida por un síndico y todos los mandatos y poderes fueron revocados en 2001.

Además, adjuntaron el certificado del síndico Jae Chul Lee, de noviembre de 2013, y que da cuenta que el supuesto poder otorgado a Carlos Olivos no ha tenido validez legal desde el 30 de diciembre de 1998.

Incluso presentaron tres certificados del cónsul de Chile en la República de Corea que indicaban que la referida empresa efectivamente estaba cerrada. Pese a todo, el remate se concretó.

El desahogo

Con esta acción judicial Choon Sik Park busca terminar el complejo proceso vivido en Chile.

—Personalmente al tener un pobre dominio del español, fue muy difícil y a veces imposible entender lo que estaba pasando en las causas. Por eso viví mucho tiempo con temor, con estrés, la inhabilidad de usar mi nombre para poder hacer vida, todos los factores cuales me causaron problemas de salud importantes, diabetes, hipertensión, y hasta cáncer —se lamenta el empresario.

Mientras, sobre el remate de sus propiedades comenta que le pareció una pesadilla y que se enteró tiempo más tarde.

—Fue horrible, no hay palabras, pero lo peor de todo es que yo no supe que había pasado el remate hasta un mes después de lo ocurrido. Me sentí defraudado y abandonado por el sistema, con un sentido de frustración. Sentí que estaba siendo defraudado por un fantasma.

Respuestas del Ministerio Público

Por un lado desde la Fiscalía Centro Norte, donde fue ingresada la demanda, aseguraron que la misma será estudiada y se evaluarán los cursos de acción.

En este contexto, pronto el caso podría ser designado a un fiscal y comenzarían las diligencias.

Mientras tanto, hasta el cierre de esta edición desde la Fiscalía Regional del Maule que es la repartición para la que trabaja Olivos Muñoz, evitaron emitir algún tipo de pronunciamiento.