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El Servicio Jesuita a Migrantes denunció una nueva expulsión colectiva de personas, que involucra a cerca de treinta extranjeros y extranjeras, todos mayores de edad, que fueron detenidos y trasladados hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones en Santiago.
Además, la organización reveló que otras siete personas fueron detenidas en Arica, y mientras eran trasladadas a la capital se conoció que la Corte de Apelaciones de esa ciudad acogió un recurso de amparo, por lo que habrían sido abandonadas en Chañaral.
Cristián Bravo, yerno de una de las detenidas, reveló que en 2014 la ciudadana intentó ingresar ilegalmente a Chile, pero fue devuelta, volviendo a entrar en 2019, por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, pidió terminar con las expulsiones masivas y llamó a la empresa Sky Airlines a desechar el convenio que tiene con el Gobierno para concretar las deportaciones.
El pasado viernes, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, abordó las expulsiones masivas y sostuvo son “medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general; y por la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular”.
