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La ruta del dinero apunta a Volterra: SII indagó sólo 3 casos vinculados al robo de madera en 7 años

El SII investigó apenas tres cadenas de comercialización de madera irregular en siete años. En dos de ellas, la ruta del dinero se cerró en un destino común: Volterra, gran forestal que tranzó miles...

El SII investigó apenas tres cadenas de comercialización de madera irregular en siete años. En dos de ellas, la ruta del dinero se cerró en un destino común: Volterra, gran forestal que tranzó miles de metros ruma antes de abandonar la provincia de Arauco y que -pese a los antecedentes- no fue sometida a proceso penal alguno por el organismo fiscalizador entonces presidido por Fernando Barraza. La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó miles de páginas contenidas en los expedientes judiciales y constató los modus operandi empleados para, no sólo defraudar al fisco, sino también para ingresar al mercado formal productos de dudosa procedencia comprados "en negro". Palos blancos, guías de despachos falsas y un "grupo de caza" confluyen en una historia, cuya trama principal está lejos de acabar.

 

La ruta del dinero apunta a Volterra: SII indagó sólo 3 casos vinculados al robo de madera en 7 años


Tan sólo tres cadenas de negocios vinculadas al robo de la madera son los que ha investigado el Servicio de Impuestos Internos (SII) en prácticamente una década.

Fue el pasado 30 de mayo cuando la institución salió al paso de las críticas del gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, quien fustigó duramente al organismo por “no seguir la ruta del dinero”.

En respuesta, la institución contratacó: vía declaración pública y con cifras en mano, el SII sacó a la luz la presentación de 16 querellas criminales asociadas a este ilícito en la denominada Macrozona Sur.

A más de dos meses de la polémica, sin embargo, la realidad parece darle la razón a Díaz. La Unidad de Investigación de BioBioChile accedió y analizó los libelos ingresados por la institución entre 2015 y 2022.

¿El resultado? La persecución de apenas tres cadenas de comercio maderero ilícitas. Dos de ellas confluyen en un mismo comprador final: Volterra, empresa forestal de capitales japoneses, que no fue sometida a un proceso penal por la entidad presidida en ese entonces por Fernando Barraza.

En las más de mil páginas de información revisadas por este medio, constan los modus operandi y las fórmulas empleadas con la que se perjudicó al fisco en más de 6.200 millones de pesos.

 

EL CASO CERO: HENRY VIGUERAS


La primera persecución penal por parte del SII vinculada al robo de la madera comenzó a mediados de 2015. Todo partió con la presentación de una querella criminal contra el empresario de la provincia de Arauco, Henry Vigueras.

Fuentes consultadas apuntan que el caso cambió el paradigma al interior del servicio. Si antes se dejaban caer sobre los eslabones más bajo del ilícito, en esta oportunidad se escaló hacia los mandos medios. Ello, permitió a los fiscalizadores identificar el modo de operar de aquellos involucrados en el blanqueo de madera. La misma fórmula fue detectada en causas posteriores.

En buenas cuentas, Vigueras junto a su contador Guillermo Mesa Huichalao, convencieron a palos blancos o testaferros para que éstos les entregaran sus talonarios de facturas en blanco. Los documentos más tarde serían utilizados para ingresar al mercado formal productos de dudosa procedencia.

Según explicó el Ministerio Público ante el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Cañete, la idea de utilizar facturas falsas fue consecuencia de “una creación del contador Mesa Huichalao, porque el señor Vigueras compraba cantidad importante de madera a personas que no tenían la documentación necesaria para la venta de este tipo de elementos”.

¿El origen de la madera? De acuerdo a lo establecido en el mismo tribunal, Vigueras negociaba -vía emisarios- con comunidades mapuches del sector de Tirúa, quienes mantenían bosques “en recuperación”. Les pagaba con dinero en efectivo.

En total, entre 2011 y 2014, Vigueras tranzó más de $5 mil millones en productos forestales. De acuerdo a la indagatoria, la madera iba a parar primero a dos empresas vinculadas al comerciante: Belén y Pilpilco. Y luego, a Volterra, firma de capitales japoneses con quien mantuvo una estrecha relación.

Pese a este último nexo, la investigación se limitó a indagar únicamente a Vigueras y su contador. El perjuicio al fisco se estimó en más de mil millones de pesos. Con todo, la justicia lo condenó a apenas 541 días de cárcel.

EL “GRUPO DE CAZA”

El final del caso de Vigueras también sirvió de aprendizaje. La idea, a partir de entonces, fue nuevamente escalar en la cadena de fraudes. Ya no sólo hacia los mandos medios sino hacia las grandes forestales.

En medio de ese proceso, el entonces intendente de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, decidió conformar “un grupo de caza” que intentara dar freno al entonces ya desatado problema del robo de madera.

El objetivo era claro: perseguir la ruta del dinero. Todo negocio ilegal deja rastros, por lo que en 2015 conformaron un equipo de fiscalizadores y abogados que pudiera identificar aquellos eslabones superiores.

Al poco andar, el “grupo de caza” del SII puso sus ojos en los ejecutivos de dos empresas ligadas al rubro forestal, que -coincidencia o no- operaban de una forma similar a la vista en el caso Vigueras: Los Acacios e Innovaciones Forestales (IF).

Se trata de hechos ocurridos a partir de los periodos tributarios de 2014. Dicho caso concentraría 14 de las 16 querellas presentadas por el SII, el más prolífico del organismo en la última década.

La causa se judicializó el 6 de enero de 2016, con la presentación de la querella respectiva en contra de Renato Pinto Delgado, quien figuraba como representante legal de Los Acacios.

A ese primer libelo le siguió una docena de nuevas acciones legales que apuntaban a al menos ocho representantes de pequeñas forestales y testaferros o facilitadores de facturas falsas que sirvieron para dar apariencia de legalidad a un negocio irregular.

Eso, hasta enero de 2021, ocasión en la que el servicio finalmente cerró el círculo con el ingreso de una última querella. En ella, también aparecen mencionados el gerente general de Innovaciones Forestales, Eduardo Ugarte Ronzier; y Luis Dagoberto Troncoso, un proveedor de Los Acacios.

PREDIOS FANTASMAS


Tal como reveló la Unidad de Investigación de BioBioChile, los antecedentes recopilados por el SII, concluyeron que Ugarte se confabuló con Renato Pinto. En síntesis, sostiene el órgano fiscalizador, ambos montaron una cadena de comercialización de madera ilícita mediante la cual traspasaban falso crédito fiscal eslabón por eslabón.

El negocio iba así. En las facturas que daban cuenta de las operaciones -y que permiten hacer la trazabilidad de la madera comercializada- se anotaban falsos roles de avalúo fiscal.

Según se comprobó, muchos de ellos correspondían a terrenos que no habían sido explotados forestalmente en el corto plazo o sencillamente se trataban de predios “fantasmas” (ver el detalle en la primera entrega: Facturas falsas y predios fantasmas: cómo dos forestales estafaron al fisco por $5.100 millones).

Así las cosas, tras seis años de diligencias, recién el 28 de junio pasado los altos ejecutivos, es decir, Ugarte y Pinto, fueron formalizados. Ambos acusados por un multimillonario perjuicio fiscal.

Del total de querellados por esta cadena, sólo uno de ellos fue condenado a tres años y un día. Otros dos llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.

En este caso, y tal como ocurrió don Vigueras, el producto una vez más tenía como destino final a la exportadora Volterra.

EL ESLABÓN FINAL
El nombre de Volterra no es desconocido. En 2014 anunciaron su salida de la provincia de Arauco, precisamente por problemas de seguridad derivados del robo de madera. Según explicaron en esa oportunidad, la posibilidad de invertir en la zona era prácticamente nula.

Lo que, sin embargo, no comentaron ante los medios de comunicación, es que parte de la madera de dudosa procedencia que se comercializaba en la región justamente terminaba siendo exportada por ellos mismos. En ellos, era finalmente donde se cerraba la ruta del dinero. Los antecedentes que así lo detallan están contenidos en los expedientes judiciales del caso Vigueras y de Innovaciones Forestales, además de reclamaciones interpuestas ante el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA).

Vamos por parte. En el juicio librado contra Henry Vigueras, el abogado defensor de este último, Jorge Montecinos, calificó la investigación del Ministerio Público como “parcial e incompleta”. Sus dardos apuntaban directamente al rol de la empresa forestal Volterra S.A. en el negocio.

En su alegato final, y buscando beneficiar a su representado, el abogado Montecinos insistió en que Volterra era un actor que no podía quedar fuera de una investigación de estas características. Sobre todo, considerando que la cadena de comercialización beneficiaba, al final, a la firma de capitales japoneses.

“Los testigos de la parte acusadora no son creíbles y crearon un manto de oscuridad a un proceso viciado. Para el caso de Volterra había más luces, pero no se investigó”, planteó el jurista.

Según declaró en el juicio el propio Vigueras, la madera que era adquirida en comunidades indígenas tenía como destino final Volterra. Incluso, aseveró que la adquisición de los productos, en algunas oportunidades, fue financiada por esa misma compañía exportadora.

CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES
Pese a todo, lo estipulado por el abogado Montecinos fue desechado por el tribunal cañetino. Los jueces señalaron que el Ministerio Público estaba imposibilitado de investigar o formalizar a los representantes de Volterra o cualquier otra empresa presumiblemente involucrada.

Lo anterior, argumentaron los magistrados, debido a que el Código Tributario faculta sólo a que el director del SII defina quiénes son los potenciales infractores y por ende, “la fiscalía sólo puede investigar, y en su caso acusar, a aquellas personas respecto de las cuales el servicio haya presentado querella”.

En línea con la denominada ‘doctrina Barraza’, derivada tras el escándalo por el financiamiento ilegal de la política, todas las querellas presentadas por casos vinculados al robo de madera corresponden a libelos nominativos. Es decir, imputados con nombre y apellido. Esto impidió al Ministerio Público perseguir penalmente “a otras personas o a otros hechos que pudiesen aparecer durante la investigación”. Una realidad que podría cambiar bajo la nueva administración del SII, a cargo de Hernán Frigolett.

“Puede ser que en algún momento se haya estimado que técnicamente fuera lo correcto priorizar la vía pecuniaria por sobre la penal para sancionar y conseguir la restitución del perjuicio fiscal involucrado, pero la decisión de esta administración en esta materia es potenciar la persecución y sanción penal del delito tributario para combatir la evasión”, aseguran desde Impuestos Internos requeridos por este medio.

Además, confirman que, desde ahora en adelante, y con el fin de “combatir decididamente la evasión”, todas las acciones penales estarán dirigidas en contra de las personas identificadas en el escrito, pero también ‘en contra de todos quienes resulten responsables"”.

“LA MOVIDA”
En el caso de la investigación abierta contra Innovaciones Forestales y Los Acacios, la firma de origen japonés vuelve a jugar un rol aparentemente crucial.

Uno de los involucrados que está sindicado como uno de los palos blancos declaró, el 18 de octubre de 2019, que llegó al rubro de la madera por Luis Dagoberto Troncoso. Él -asegura- le dijo que iniciara actividades ante el SII, pues quería trabajar con sus documentos tributarios para facturarle a IF. Así, Martínez narró cómo se llevaba a cabo la operación:

“La jugada que hacían era poner los roles de los predios para introducir madera a Volterra. Yo no sé con quiénes hablaba don Dagoberto Troncoso. Yo no sé qué hacían con la madera, sólo Renato Pinto o Dagoberto Troncoso me pasaban los cheques o transferencias para que sacara la plata del banco Scotiabank de la sucursal Barros Arana (presumiblemente en Concepción) y/o Arauco para pasársela a don Dagoberto Troncoso en su oficina”.

En la misma línea, el 10 de enero de 2020, un falso proveedor de Los Acacios expuso: Un trabajador de Volterra “luego de venderles un mes, me dijo que no podía venderles más porque tenían los proveedores listos. Que lo hiciera a través de Innovaciones Forestales o Los Acacios… que eran la misma empresa. Me dio el teléfono de Renato Pinto y me contacté con él para comenzar a venderles”.

En la formalización de Renato Pinto y Eduardo Ugarte, concretada en junio de este año, el juez Marcelo Bustos Vergara precisamente dio un tirón de orejas a los intervinientes. Reclamó que el Ministerio Público no investigó a los compradores finales de Innovaciones Forestales, donde figuraban “conocidos contribuyentes”. Entre ellas, la propia Volterra.

“CAMINO A DERROTA SEGURA”
Hay más. En medio de la investigación por evasión tributaria en el rubro de la madera, el SII cuestionó una veintena de solicitudes de devolución de impuestos realizadas por la firma nipona, a raíz de sus exportaciones en 2017. Todas correspondientes a operaciones en los periodos tributarios de 2015 y 2016.

Teniendo en cuenta los antecedentes de los proveedores de Volterra, y tras fiscalizar a la forestal, la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del organismo resolvió emitir liquidaciones, para que dineros cuestionados ingresaran a las arcas fiscales.

La unidad con sede en Santiago fue justamente la que se hizo cargo de la investigación, luego de que el “grupo de caza” del Bío Bío debiera entregarles todos los detalles de la indagatoria contra IF y Los Acacios. Ocurrió poco antes de que el equipo especial del SII fuera desmantelado tras el arribo de la administración de Piñera II. Fuentes de este medio aseguran que la falta de una orgánica y la presión por cumplir metas institucionales ajenas al robo de madera terminaron pasando la cuenta. De ahí en más, la persecución del delito se estancó.

Hoy, su impulsor, el actual gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, cuestiona la falta de coordinación entre los distintos organismo del Estado, algo que sí funcionó con la instauración del mentado grupo a contar de 2015.

—Es un deber moral de los organismos del Estado para construir el bien común, actuar sinérgicamente para responder de manera eficaz ante las organizaciones criminales —dice Díaz.

Y añade, con un dejo de pesimismo:

—Si no nos coordinamos, lo que estamos haciendo es yendo a una derrota segura. Sólo si nos coordinamos vamos a ser lo suficientemente aptos para responder frente al crimen organizado y proteger a la ciudadanía.

RUMBO AL TTA
Como sea, la DGC -tras analizar la información- determinó que Volterra no cumplía los requisitos para el reembolso del dinero solicitado por la firma. Aquí aparece precisamente el origen de la materia prima como una de las razones principales. En concreto, debido a “las irregularidades en los predios de los cuales la madera se habría cosechado”, expuso el SII.

En consecuencia, la firma de capitales japoneses recurrió al Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la región del Bío Bío. En la instancia alegó que se trataba de una determinación improcedente.

En vista de los antecedentes, el juez Anselmo Cifuentes Ormeño resolvió acoger el reclamo de Volterra, y dejó sin efecto la veintena de liquidaciones emitidas por la DGC, dando pie a los reembolsos.

Los argumentos expuestos en el fallo son de manual. En los considerandos se deja la puerta abierta a que la madera procesada y exportada por Volterra efectivamente tenía un origen irregular. Sin embargo, se advierte que la procedencia de los productos no era materia de discusión en ese tribunal, sino del Ministerio Público.

“Lo que la Administración (el SII) cuestiona, es que la madera tendría un origen irregular, pero no que la contribuyente no la haya efectivamente adquirido. Cosa muy distinta”, se lee en el octavo considerando de la resolución firmada por el juez Cifuentes.

Para justificar lo anterior, se cita la declaración de la testigo María Soledad Acosta Agostini, quien tomó parte en la fiscalización efectuada a la reclamante:

“La Fiscalía (…) estaba investigando robo de madera y estaban haciendo una fiscalización de una cadena de proveedores, donde este contribuyente Volterra, era el último eslabón de la cadena ya que era exportador”, aseguró.

En definitiva, según se desprende de la sentencia del TTA, es una posibilidad cierta que -a partir de los antecedentes conocidos- la madera adquirida por Volterra haya provenido del robo. No obstante, ello “no implica que las compras no hayan existido, ni que la contribuyente sea responsable por los eventuales delitos cometidos por sus proveedores”.

Pese a los claros indicios, Volterra otra vez salió libre de polvo y paja.

LA QUERELLA QUE NO SE PRESENTÓ
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el Servicio de Impuestos Internos tenía redactada la querella en contra de Volterra. No obstante, la presentación fue finalmente desestimada por la subdirección jurídica nacional.

Sobre este punto, desde el SII manifestaron que la decisión de no querellarse contra Volterra “obedeció a que finalmente no se encontraron antecedentes ni pruebas concretas que permitieran imputarle la autoría de algún delito tributario”.

Respecto al libelo, indicaron que “hubo un proceso inicial de recopilación de antecedentes en la DGC -que corresponde al levantamiento de las pruebas necesarias para decidir si se presenta una acción penal, infraccional o administrativa- que no recomendó una querella, sino la aplicación de una sanción pecuniaria”.

En efecto, explicaron desde el órgano fiscalizador, todos los antecedentes fueron remitidos a la Dirección Regional Concepción con la finalidad de que se realizara un nuevo proceso recopilatorio a la firma nipona.

“Finalizado dicho análisis, la Dirección Regional propuso acción penal en relación a los delitos tributarios cometidos mediante las sociedades INNOVACIONES FORESTALES SPA y FORESTAL LOS ACACIOS SPA, propuesta refrendada por la Dirección Nacional, según los procedimientos vigentes, presentándose la respectiva querella ante el Tribunal de Garantía de Concepción”, añadieron.

Requeridos por la Unidad de Investigación de BioBioChile, desde el Ministerio Público declinaron referirse a las investigaciones iniciadas por estos hechos. De todos modos, fuentes conocedoras del proceso insisten en que la fiscalía quedó de brazos atados en este caso, al no existir una querella de parte del SII.

¿DESIDIA INSTITUCIONAL?
Julián Carrasco es abogado experto en la materia. Actualmente es socio del estudio Paulsen y Carrasco. Trabajó cuatro años como fiscal en el Ministerio Público y 12 en el SII. Fue el jefe del Departamento Jurídico del organismo en el Bío Bío a la fecha de los hechos, por lo que conoce al dedillo todos los movimientos judiciales de la época. Hoy, se muestra decepcionado del desempeño del Estado chileno.

—¿Por qué cree que Volterra no fue perseguido penalmente?

—Si bien la labor que se desarrolló en la Octava Dirección Regional, y que me tocó dirigir en gran parte desde el punto de vista del Área Jurídica, arrojaban antecedentes que pudieran involucrar a este contribuyente (Volterra), éste pertenecía a la Dirección de Grandes Contribuyentes (en Santiago). Era a esa unidad a la que le correspondía, en definitiva, realizar lo que se llama la recopilación de antecedentes, que tiene que ver con reunir elementos para eventualmente interponer una querella.

Julián explica que en el desempeño de sus funciones fue convocado a Santiago, a una cita donde se habría comenzado a sepultar la idea de perseguir penalmente a Volterra.

—Me tocó participar en una reunión en que se esbozó o derechamente se determinó que eran cuestionables los argumentos que habían hasta esa época y que, por lo tanto, creo que pudieron ser esos antecedentes los que motivaron a la autoridad a desechar una acción penal en contra de este contribuyente. Fundamentalmente porque quizá no compartían el criterio que muchos teníamos. En mi concepto sí habían elementos (para presentar una querella), pero no necesariamente compartieron esa opinión.

—¿Fue un error no presentarla?

—Evidentemente no puedo dar detalles ni señalar cuestiones más completas, pero en mi opinión sí existían antecedentes y se podría haberse ejercido una acción penal. ¿Fue un error o no? Creo que sí, porque no resultaba lógico que la cadena de comercialización se acabara en contribuyentes previos, más allá de las pruebas que pudieran existir a fin de acreditar el dolo con que habría actuado este contribuyente en esta materia. Si fue un error o no… yo creo que sí.

—¿Hubo desidia del SII?

—Soy testigo directo de la falta de voluntad del Servici

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