El proyecto fue ingresado por legisladores de todos los sectores hace cerca de dos meses y ahora será despachado al Senado. Se espera que durante esta tarde los parlamentarios puedan votar el proyecto. En el caso de aprobarse en la Cámara Alta, quedará en condiciones de convertirse en Ley de la República.
En concreto, la iniciativa prohíbe a las empresas proveedoras de luz, agua, gas, telefonía e internet, cobrar por su suministro.
Hasta el momento ningún parlamentario del oficialismo, ni tampoco algún personero de Gobierno ha manifestado la intención de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional.
Lo anterior guarda relación con que en el primer trámite se había hecho reserva de constitucionalidad por parte del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sin embargo, la acción no llegó a ocurrir en la Cámara.
El proyecto busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable según el registro social de hogares. Aquellos trabajadores que, mediante alguna declaración jurada, manifiestan haber disminuido sus ingresos. Del mismo modo, también beneficiará a trabajadores que se hayan acogido a la ley de protección al empleo.
Se trata de cinco servicios: electricidad, agua, gas, telefonía e internet, los cuales no podrán ser suspendidos en el marco de la pandemia para aquellas personas mencionadas anteriormente.
